La congelación del salario mínimo interprofesional (SMI) -fijado en 645 euros, catorce pagas- por parte del Gobierno en 2014 vulnera los acuerdos internacionales en materia laboral firmados por España y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), según las organizaciones sindicales. En primer lugar, sostienen, el Gobierno incumplió su deber de consultarles al decidir la última congelación de esta renta, en 2014. Pero además, su importe actual no garantiza medios suficientes para eludir la pobreza, afirman.

Los líderes de los dos sindicatos españoles más representativos CCOO, Ignacio F. Toxo, y UGT, Cándido Méndez, han presentado este jueves una reclamación ante el organismo dependiente de la ONU en la que piden que el Gobierno de España respete los tratados internacionales suscritos por el país.

En particular, los sindicatos españoles acusan al Gobierno de Mariano Rajoy de violar de manera “flagrante” el convenio 131 de la OIT. Al ratificarlo, en 1971, el país se comprometió a instaurar y mantener un salario básico que permita cubrir las necesidades de los trabajadores y sus familias.

Pero además, el convenio pone el acento en la importancia del diálogo social. Un proceso en el cual es básico el papel de los agentes sociales. Hasta el punto de que el Gobierno está obligado a consultar con los sindicatos cualquier decisión que afecte al futuro de esta renta, según mandata el citado convenio.

Sin proceso de consultas

Sin embargo, el Ejecutivo de Rajoy despreció su obligación de consultar con los agentes sociales al establecer la congelación de esta renta para 2014. “El Ejecutivo está incumpliendo de manera clamorosa el convenio 131 referido al SMI”, afirmaba esta mañana en Madrid el secretario general de UGT, al presentar la reclamación.

Según han contado, el Gobierno remitió el escrito en el que explicaba su congelación para 2014 y pedía una respuesta para el día siguiente. “Fue una consulta raquítica y cicatera”, ha añadido.

La ausencia de período de consultas tiene más importancia de lo que parece. En España, son muchos los procedimientos de despido colectivo que han sido anulados por incumplir esta obligación. Hasta el punto de que el presidente de los empresarios, Juan Rosell, ha llegado a pedir una segunda reforma laboral que rebaje el poder de los jueces en este sentido.

No cubre las necesidades básicas

De fondo la reclamación se dirige también contra la escasa cuantía de la renta. Según Méndez, el SMI ha perdido en términos acumulativos entre 2010 y 2013, un total de 5,8 puntos de poder adquisitivo. Como resultado se sitúa por debajo del 60% del umbral de la pobreza -para una familia media-, y cubre apenas el 40% del salario medio, lo que contraviene también el objetivo (60%) de la Carta Social Europea.

“Se trata de una demanda plenamente justificada”, ha terciado Toxo en el mismo acto. “La última vez que acudimos con una reclamación similar fue en 1989 y ya en aquel momento por las mismas causas nos dieron la razón. Estamos retrocediendo 25 años”, defendió.

Otra comparación. En relación con los salarios medios negociados, el SMI ha perdido 1,5 puntos desde el año 2000, pasando del 41,8% al 40,5%, aproximadamente, explica Toxo. “Pero si tenemos en cuenta que los salarios se están devaluando en España, el nivel de pérdida del SMI es todavía más consistente”, sentenció. “La evidencia dice que la capacidad adquisitiva de la gente es vital para impulsar la actividad económica”, remató.