El fin del conflicto entre Repsol y el Gobierno argentino, que ha sido aprobado después de negociar un complejo pacto de indemnización por la expropiación del 51% del capital de YPF, ha cambiado de forma significativa la atmósfera en el consejo de administración de la petrolera española. La tensión se ha relajado y los accionistas de la compañía, que aprobaron por unanimidad la alianza que pone fin a un conflicto de casi dos años, se muestran satisfechos porque la empresa ha acabado con una incertidumbre y puede centrarse ahora al 100% en el desarrollo del plan estratégico.

Si bien ésa es la nueva etapa que atraviesa la compañía que preside Antonio Brufau, hay un factor que no se ha modificado por el pacto con el Ejecutivo de Buenos Aires: la posición de Pemex, tercer accionista de la compañía con 9,4% del capital, tras La Caixa y Sacyr. La empresa pública mexicana que no ha logrado apoyos de otros accionistas -ni de la entidad financiera catalana, ni de la empresa de infraestructura o de Temasek. el fondo público de Singapur- para convocar una junta extraordinaria para desbancar a Brufau, continua, no obstante, con un actitud hostil. Brufau lanzó después del último consejo una oferta a Pemex para consensuar una alternativa con la que el grupo se sintiese cómodo en el capital de Repsol.

Los mensajes lanzados al Gobierno español apuntan a que, si bien las inversiones de Repsol serán bien recibidas dentro del proceso de apertura del sector de hidrocarburos a socios privados, el trato podría ser mejor si en la presidencia de la compañía española se sienta alguien de su confianza.

Los mismos medios reconocen que el enfrentamiento por YPF le suponía eventuales perjuicios en su intención de invertir en el yacimiento de Vaca Muerta, mientras que ahora- una vez resuelto el tema- las divergencias se han focalizado por el cambio en los estatutos introducido por Brufau para dificultar que el grupo sea troceado. Pemex, que había mostrado interés en el área de hidrocarburos, se opuso a esta modificación en el consejo.

Esta es la actitud e Pemex ante la junta de accionistas que se celebrará el próximo 28 de marzo, al no ser que se produzcan cambios en su participación, ya que esta es otra de las ‘amenazas’ de la empresa mexicana, que, por otro lado, estaría interesada en comprar el 12% de YPF todavía propiedad de Repsol.

Pero el mensaje de que Repsol no será tratado en el reparto de los campos o yacimientos que se abrirán a otras compañías de la misma forma si está Brufau en la presidencia o si ésta la ocupa otra persona choca con la imagen que del Gobierno de Peña Nieto. Ésta quiere transmitir a la comunidad empresarial internacional que el proceso va a ser exquisitamente imparcial, y que sólo se tendrán en cuenta en las ofertas los aspectos financieros y tecnológicos. Mientras, los resultados de la empresa pública, tanto económicos como de producción de hidrocarburos, muestran que el grupo y, por tanto, la explotación de los recursos se enfrenta aún a fuertes carencias.

Y esto se produce además cuando en México ha estallado uno de las mayores casos de corrupción empresarial de los últimos años en ese país. Es el de la compañía Oceanografía, proveedora Pemex, acusada de fraude contra el banco Banamex, del que el Gobierno busca preservar al grupo petroleo estatal.