El expresidente de Catalunya Caixa, Adolf Todó, y el exconsejero delegado, Jaume Masana, deberán ser readmitidos en la entidad nacionalizada o bien indemnizados con 600.000 euros cada uno, según un fallo del juez del Juzgado de lo Social número 8 de Barcelona, Francisco Leal. El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob), con el apoyo entusiasta del ministro de Economía, Luis de Guindos, decidió el pasado año despedir sin derecho a indemnización a Todó y a Masana «por incumplimiento grave» en sus funciones y «deslealtad» tras sus cinco años de gestión en la entidad, que tuvo que ser nacionalizada y recibir ayudas públicas superiores a los 12.000 millones de euros.

Los dos exdirectivos denunciaron el “despido improcedente”. Y el juez les da la razón, porque «no queda acreditado» que incurrieran en incumplimientos o dejación de sus funciones.

El FROB, en la carta de cese, les acusa de haberse gastado 375.705 euros en un informe de McKinsey «sin que conste que se haya comunicado al consejo de administración el resultado final de dicho trabajo, salvo un borrador muy preliminar cuyo contenido y desarrollo en absoluto justifica el importe satisfactorio». Y de «excusar su responsabilidad en su gestión y provocar una situación interna insostenible que forzase al banco a decidir su salida indemnizada del mismo».

Pero estas acusaciones han sido desestimadas por el juez: «Las cartas de despido carecen de hechos concretos y determinados que puedan reflejarse y recogerse directamente en el apartado de probanzas”. Por lo que declara “la improcedencia de los despidos».

Todó y Massana no serán readmitidos en CatalunyaBanc. El segundo, además, ya trabaja en CaixaBank como uno de los directores de las territoriales de Cataluña. La entidad nacionalizada recurrirá la sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya.

De Guindos quiere recuperar las ayudas públicas

El ministro de Economía, Luis de Guindos, espera que la justicia acabe dando la razón al Frob y a la propia CatalunyaBanc en el recurso que se va a presentar. Y destaca que el Estado ha inyectado en la entidad casi 12.000 millones de euros de los contribuyentes españoles, por lo que su prioridad es «recuperar lo máximo posible».

«El Frob y la entidad lógicamente acatan todas las sentencias, pero se va a apelar a la instancia superior porque se considera que el planteamiento que habían hecho la entidad y el Frobera el correcto», argumenta De Guindos al entrar en la reunión del Euroogrupo.

«Las sentencias a veces se comparten, y otras veces no se comparten, y por lo tanto cuando uno apela es porque tiene un planteamiento que no es del todo acorde» con el contenido del fallo. «Esperamos que el planteamiento del Frob y de la propia Catalunya Caixa sean recogidos en las instancias superiores», concluye el ministro de Economía.