Parados y ocupados podrán comunicar irregularidades en los cursos de formación a través de un nuevo buzón de denuncias. El borrador de la reforma del subsistema de formación para el empleo -al que ha tenido acceso diarioabierto- prevé esta y otras medidas para dotar de “mayor visibilidad” a los canales de denuncia en un subsistema, afectado por la investigación de diversas irregularidades.

Las nuevas medidas contra el fraude se recogen en el borrador titulado ‘Avanzando hacia un nuevo modelo de formación‘. Un documento de 30 páginas que el Gobierno ha entregado a las organizaciones patronales y sindicales, y en el cual se perfilan los ejes que articularán el nuevo modelo de formación para el empleo, que el Ejecutivo quiere tener aprobado antes del próximo verano.

Entre otras novedades, el ministerio de Empleo intentará fijar un nuevo sistema de precios de los cursos de formación a parados y ocupados. Con ello se intentará dotar de mayor competencia al sistema, hasta ahora en manos de patronal y sindicatos.

El borrador admite que los procedimientos de concesión de ayudas y bonificaciones son “poco transparentes” en la actualidad. Resultan “gravosos” para el usuario, “generan confusión” y desvían la atención del que debe ser su objetivo principal del sistema: “impartir formación de calidad”.

El Ejecutivo estudia la “posibilidad” de instaurar un “sistema de justificación por módulos”. Un mecanismo con el cual determinar las retribuciones de las empresas por la prestación de los cursos. Previamente, añade, se llevaría a cabo un “estudio de mercado sobre precios medios”, admite.

Para los sindicatos, sin embargo, el Gobierno se limita a centrarse en un modelo de “competencia competitiva entre centros privados” que ofrece “todo el protagonismo a las empresas privadas”, mientras quita protagonismo en la “determinación de necesidades formativas” a la negociación colectiva, según aseguran desde CCOO. La central critica además que el escaso papel que la reforma ofrece a los centros de Formación Profesional (FP), de adultos y a las Universidades, concluyen.

Redefinir el papel de patronal y sindicatos

Una de las novedades de la reforma es que los sindicatos y la patronal perderán su doble papel actual, como planificadores y ejecutores de la formación. A partir de ahora deberán competir con empresas privadas y centros públicos interesadas en impartir los cursos. “Se debe superar el diseño institucional actual que permite el doble papel de las organizaciones representativas de los agentes sociales”, advierte el borrador.

Según el Ejecutivo, el doble papel de sindicatos y patronal en la formación española es “único” entre los países del entorno. “Es necesario abandonar un modelo intermediado que no resulta compatible con un sistema de formación competitivo, para impulsar la participación directa de entidades prestadoras de los servicios en igualdad de condiciones en régimen de concurrencia”, repite el Ejecutivo

Sistema integrado de información

El Ejecutivo se propone además revisar la naturaleza institucional de la Fundación Tripartita de la formación para el empleo, integrada por patronal, sindicatos y Administraciones. También se pretende reordenar la estructura y función de las comisiones paritarias sectoriales.

En la reforma, el Ministerio de Empleo se reserva el papel de “responsable último de la planificación plurianual”. En cuanto a los servicios públicos de empleo (Sepe), estos ganarán funciones de coordinación en la planificación, evaluación y control de los cursos. Por su parte, las comunidades autónomas dispondrán de una “mayor participación” en los mecanismos de coordinación e información.

El borrador de la reforma pone el acento en la “planificación estratégica plurianual” de los cursos. Se pretende potenciar la detección de necesidades formativas. Una función en la que ganará peso la Administración General del Estado, ya que se pretende “trasladar el proceso de prospección de necesidades a la planificación de la formación”.

Asimismo se pretende potenciar la red de centros de referencia nacional. Y lanzar un sistema formalizado y transparente para la selección de los candidatos. También se marca el objetivo de concluir el repertorio nacional de certificados de profesionalidad. Y potenciar la adquisición de competencias clave y competencias transversales. Aunque pide evitar “la excesiva transversalidad de los contenidos”.

Una amplia modificación legislativa

Para ello, la reforma propone una amplia modificación legislativa. La principal una modificación del real decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de formación profesional para el empleo. Aunque también esta prevista la modificación de una decena de normas, entre reglamentos y órdenes.

En cuanto al calendario, el Ejecutivo se fija hasta principios de abril para abrir una mesa de negociación y reunirse con los agentes sociales y las comunidades autónomas. Los resultados de esa ronda de negociación se se presentarán, también en abril, ante la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales. El calendario previsto finaliza con la presentación del contenido del acuerdo ante el Consejo General del Sistema Nacional de Empleo, en la primera quincena de mayo.

La reforma precisa además las fuentes de financiación del nuevo sistema de formación para el empleo. Advierte que los fondos provenientes de la cuota de formación profesional que pagan los empresarios y trabajadores se destinarán “en su totalidad” a la financiación de iniciativas de formación profesional para el empleo. También habrá aportaciones del Servicio Público de Empleo Estatal y de las comunidades autónomas. Y fondos provenientes del Fondo Social Europeo o de iniciativas europeas específicas, como la Iniciativa de Empleo Juvenil, destaca.