Cuando el notario mayor del Reino, ministro de Justicia y exalcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, acusa a la candidata del PSOE, Elena Valenciano, de utilizar el Parlamento para hacer campaña electoral, parece olvidar que también sus superiores Mariano Rajoy y María Dolores de Cospedal se emplean a fondo con disposiciones legislativas de alto contenido preelectoral. El pleno del jueves, 13 de marzo, Ramiro y Rodrigo en el santoral, nos ofrece la mejor prueba de que el Gobierno está en campaña y de que aquí el que no corre, vuela.

En efecto, el PP aprobó en solitario la “tarifa plana” de cien euros al mes por dos años en la cuota empresarial a la Seguridad Social por contingencias comunes para incentivar la contratación fija de trabajadores. Fue el principal anuncio de Rajoy en el debate sobre el estado de la nación, el 26 de febrero pasado. Es el decreto número 50 de los remitidos, por supuestas razones de urgencia, por el Gobierno al Parlamento y la decimoquinta disposición que, siempre por decreto, dicta el Ejecutivo en el orden laboral sin consultar ni acordar un solo punto con los sindicatos.

La exposición de la ministra de Empleo, Fátima Báñez, fue tan convincente que ni siquiera la derecha nacionalista (PNV y CiU) y la equidistante UPyD apoyaron una decisión que tacharon de “inútil, de escaparate, de marketing electoral” y consideraron perjudicial para las finanzas de la Seguridad Social, basadas en la defensa a ultranza por parte del PP en “la contributividad” del sistema. Si a la hucha de las pensiones le quitan los 2.500 millones de euros que supondrá la medida, no para incentivar el empleo, sino para reducir los costes laborales, según destacaron Concha Gutiérrez, del PSOE, y Joan Coscubiela, de IU-ICV, durante el debate, no pasa nada, habida cuenta de que la mengua alcanzará 25.000 millones de euros a finales de este año.

Todos los informes demuestran que las bonificaciones a la Seguridad Social –la mano a la caja de las pensiones– han sido ineficaces para crear empleo cuando no han ido dirigidas a colectivos muy concretos como los parados de larga duración y otros. Incluso el famoso “contrato de emprendedores” con tarifa plana ha tenido un impacto ridículo: el 0,5% de la contratación, según los datos que aportó Gutiérrez. Las empresas no contratan a trabajadores que no necesitan. Si tenemos en cuenta que la reforma laboral les facilita y bonifica la contratación “a tiempo parcial” con horas extraordinarias, si las necesitan, vale preguntarse ¿para qué sirve el nuevo decreto? Según la oposición, para que la patronal aplauda con las orejas.

El informe económico que el Gobierno remitió al Parlamento veinte horas antes del debate tiene medio folio de cuentas y cuatro hojas de cuentos, coincidieron varios portavoces. Según el documento, el impacto de la tarifa plana beneficiará al 0,31% de los contratos, lo que significa unos 52.000 de los 850.000 fijos que se realizaron entre marzo y diciembre del año pasado. Aparte ese efecto positivo, el debate demostró que la “medida estrella” de Rajoy más que “tarifa plana” es “tarifa trampa”, en expresión de Olalla Fernández Dávila, del BNG, porque va a facilitar la sustitución de trabajadores con derechos sociales consolidados por otros sin derechos.

Para hacerse idea del ahorro empresarial, la socialista Gutierrez desgranó las bonificaciones: 7.000 euros al año para trabajadores con un salario medio; hasta 17.000 para trabajadores cualificados de grandes empresas, y 1.800 euros para trabajadores sin cualificación. El “efecto sustitución” está cantado. Se despide por causas objetivas a un trabajador con trienios y otros derechos y se le contrata o se contrata a otro por menos sueldo, despido más barato y sin ningún derecho. “Pasaremos de los contratos-basura a los contratos-detritus”, clamó Sabino Cuadra. Es verdad que el decreto impide acogerse a la tarifa plana a las empresas cuando los trabajadores despedidos acudan a la Magistratura de Trabajo, pero, como dijo Coscubiela, “no nos chupamos el dedo, sabemos lo que ocurre y salvo que Kafka presida el Consejo de Ministros, Rajoy también lo sabe”. Aunque sepa que la mayoría de los despidos no pasan por los juzgados, lo al Gobierno le interesa es satisfacer una vez más a los patronos ahora que vienen elecciones.

Y en clave electoral interpretó también la oposición una reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha a la medida de Cospedal que reduce los representantes en las Cortes Regionales de los 53 actuales a una horquilla de 25 a 35. La modificación exige a las formaciones políticas minoritarias obtener al menos 16 de cada 100 votos por provincia para conseguir un diputado. La reforma jibariza la democracia representativa. Decenas de miles de votos acabarán en la papelera y no servirán para nada. IU y UPyD son los partidos más perjudicados. El PSOE, por boca de su ponente y portavoz de Agricultura, Alejandro Alonso, tachó de “vergonzosa, caciquil e inaceptable” una operación que según Cayo Lara, reduce al “ridículo democrático” a una Comunidad Autónoma que con 2,2 millones de habitantes va a tener menos representantes que Murcia, Asturias, Cantabria y La Rioja, con una orquilla de 1,4 millones a 350.000 habitantes. ¿Es justo para los castellano-manchegos? Sus diputados autonómicos sólo cobran dietas y el ahorro de la reducción de escaños ha sido duplicado por la contratación de asesores para el Ejecutivo de Cospedal. Sepa en todo caso la secretaria general del PP que si su reforma se aplicase en el País Vasco y en Cataluña, su partido quedaría fuera del Parlamento, se convertiría en una formación residual, extraparlamentaria.