El comité de expertos de la reforma laboral apuesta en su informe por llevar a cabo una «devaluación fiscal» para ganar competitividad e impulsar el crecimiento económico, que pivote sobre una bajada de las cotizaciones sociales que pagan las empresas compensada con la subida del IVA para no poner en riesgo el equilibrio de las cuentas públicas, todo ello manteniendo los niveles salariales.

No obstante, los expertos apuntan que «existen riesgos e incertidumbres» en la aplicación de estos cambios que deben llevar a «calibrar muy cuidadosamente la cuantía y el momento de la devaluación fiscal para no poner en peligro la incipiente recuperación económica ni la consolidación presupuestaria».

Sea como fuere, el informe señala que la devaluación fiscal podría mejorar la competividad de las empresas, siempre que no se produjese simultáneamente un incremento salarial (vía indiciación o negociación colectiva).

En el mismo sentido, el informe considera «crucial» que las empresas no reaccionaran a una bajada de cotizaciones con un aumento de los márgenes empresariales, aunque cree que «es de esperar que utilicen ese ahorro de costes para recuperarse de posibles pérdidas acumuladas y para reducir su endeudamiento» y confía en que, en todo caso, les lleve a reducir precios y a neutralizar de ese modo el efecto de la subida del IVA.

Así pues, los expertos creen que si los salarios nominales son fijos a corto plazo, una reducción de cotizaciones sociales reduciría los costes laborales y, por tanto, los precios de las exportaciones. En paralelo, estiman que el incremento del IVA, como no afectaría a las exportaciones, no reduciría ese efecto positivo sobre la competitividad.

La Seguridad Social no debería pagar viudedad y orfandad

Con todo, los expertos indican que el incremento de la imposición indirecta que sustituya a las cotizaciones, la opción de transferir de manera «automática e irreversible varios puntos de recaudación por IVA a la Seguridad Social», es una alternativa «legal e institucionalmente compleja».

Por ello, plantea sacar de la Seguridad Social algunas partidas de gasto cuyo componente contributivo sea menor, como es el caso de las pensiones de orfandad y viudedad, para que sean financiadas por los impuestos ordinarios.

«La devaluación fiscal podría abrir también una oportunidad de gran interés para reconsiderar el sistema de financiación de las prestaciones sociales y sus mecanismos institucionales», añaden los expertos.