En vísperas del inicio de la campaña electoral para el Parlamento Europeo el Congreso estudiará la propuesta del Parlament catalán de que el Estado transfieraa Catalunya la competencia para convocar consultas. La fecha –el 8 de abril- está bien elegida para que el debate se convierta en un acto más de precampaña que beneficia a todas las partes aunque sea estéril para afrontar el problema de fondo.
El PP y el PSOE, acompañados de UPD aprovecharán la oportunidad para hacer una cerrada defensa de la unidad de España tratando de atraer votos a sus siglas con su postura de firmeza en todos los sitios excepto en Catalunya. Los nacionalistas catalanes, por su parte, recibirán todo tipo de descalificaciones y abucheos con lo que no sólo se verán beneficiados en las urnas si no que además verán incrementados los sentimientos independentistas en buena parte de esta comunidad.
En principio todos contentos con la única diferencia que el problema en vez de resolverse, se agrandará. Las últimas encuestas (las del Centre d’Estudis d’Opinió de la Generalitat- señalan que el 74% de los catalanes considera necesaria la realización de la consulta para decidir su futuro, el 60% está a favor de constituirse en estado y el 87% asegura que respetará el resultado de esta hipotética votación. Pese a que se pueda sospechar de la fiabilidad de esta demoscopia, la tendencia con los datos que ofrecen otros estudios similares es bastante coincidente.
Estos días los comentaristas de medios estatales empiezan a descubrir que el problema catalán no es la actitud de Artur Mas, ni siquiera la de Oriol Junqueras. El motor de este proceso al que sigue una parte más que significativa de los catalanes está liderada por la Assemblea Nacional de Catalunya que es la que ha convocado y ha sacado millones de personas a la calle. Guste o no, esta plataforma es la que aglutina el mayor respaldo social.
Los catalanes tienen razones –y las exponen en su memorial de agravios- para estar descontentos con el actual encaje en España. Desde el otro lado también tienen razones –aunque no las exponen (incluso las propuestas reformistas del PSOE no dejan de ser un brindis al sol)- para defender su postura y en cambio proliferan los bocazas.
Seguramente nadie tiene la razón aunque todos pueden tener razones. En los estados civilizados son los políticos los encargados de encontrar soluciones, pero en este tema parece que también están de vacaciones.
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