El acto reivindicativo que ha agrupado a más de 1.400 empresarios y autónomos bajo el lema “Digamos basta”, organizado por PIMEC en el Palacio de Congresos de Barcelona,  ha contado también con el apoyo de más de 220 gremios y asociaciones que han dejado patente su malestar frente a las administraciones y han exigido cambios rotundos e inmediatos. El presidente de Pimec,  Josep González, encargado de la apertura y la clausura del acto, ha comentado los negativos efectos de la crisis económica en el tejido productivo de pymes y autónomos. Los datos son demoledores: mientras en el año 2007 Cataluña tenía 535.000 pymes que empleaban a más de dos millones de personas, ahora existen 470.000 con cerca de 1.650.000 trabajadores.

Tal y como afirma González, “en el largo camino de la crisis hemos perdido más de 65.000 pymes, 80.000 autónomos y más de 350.000 puestos de trabajo en Cataluña”, una mortalidad que es proporcional también al resto de España.

En el discurso del presidente de Pimec ante los empresarios y gremios, Josep González ha reivindicado que los allí presentes son el segmento de la economía que más está sufriendo la crisis. El año en que comenzó la recesión económica, las pymes generaban el 64% del valor añadido de los sectores de mercado mientras que a día de hoy, esta cifra ha caído en un 55% y pierde peso frente a la gran empresa y también frente al sector público.

González también ha aprovechado para reclamar a los políticos y dirigentes que actúen frente a esta situación y ha afirmado que “hacen promesas de apoyo que casi nunca llegan a buen puerto y justamente las medidas tomadas en los últimos tiempos van en la dirección opuesta”.  Por ese motivo, durante la tarde del miércoles se han denunciado desde el aumento de los costes de la Seguridad Social a las políticas erróneas y el incremento de precios de la energía, así como una creciente presión fiscal, la falta de crédito y su elevado coste, las continuas y reiteradas inspecciones de todo tipo y las trabas administrativas generales.

Manifiesto de pymes y autónomos

En el acto reivindicativo también se ha aprobado un manifiesto de las pymes y de los autónomos confeccionado a partir de más de 300 propuestas empresariales que Pimec ha recibido a través de la web en las últimas semanas. El documento tiene como objetivo sensibilizar tanto al Gobierno de España como al de la Generalitat para que tomen conciencia de que las medidas aprobadas recientemente realmente impiden generar empleo y frenan el progreso del país.

En referencia al emprendimiento, el manifiesto reclama un auténtico apoyo por parte del Gobierno con incentivos fiscales amplios para inversores y emprendedores, así como un entramado normativo que facilite el uso, modificación y expansión de la actividad industrial y agilice la creación y reestructuración de empresas. También demanda una verdadera ley de segunda oportunidad para que el empresario pueda seguir creando riqueza y puestos de trabajo.

Para la financiación de los proyectos empresariales viables, el documento precisa que se facilite la llegada efectiva de los recursos del BCE y de las administraciones públicas a los pequeños y medianos empresarios. Se debe, además, “establecer un régimen sancionador efectivo de la Ley de Lucha contra la Morosidad y suprimir la autorización del cliente para acogerse al criterio de caja del IVA para que esta medida sea efectiva”.

En cuanto a fiscalidad, los empresarios piden una reforma que reduzca la presión para favorecer la reactivación económica, que acontezca un nuevo modelo de relación entre los contribuyentes y la administración, que se modifique el sistema de recargos y sanciones tributarias; una reforma de tributos como el IVA, el IRPF y el Impuesto sobre sociedades para minimizar las retenciones y pagos por anticipado; agilizar las devoluciones, favorecer la inversión, impulsar la ocupación, lograr un tratamiento homogéneo de las empresas, así como evitar duplicidades impositivas. También es necesaria una mejor revisión administrativa y contenciosa de los actos tributarios, que la haga más homogénea en la aplicación de criterios, más ágil y menos onerosa en gastos de tramitación y que sea efectiva en la lucha contra la economía sumergida y la corrupción.

También está presente en el manifiesto la petición de la creación de una legislación laboral y social que sea clara, estable y fácil de aplicar siguiendo los principios recogidos en el Small Business Act de la Comisión Europea, que postula “pensar primero en pequeño”. Es imprescindible una reducción sustancial y generalizada de las cuotas a la Seguridad Social, que permita aprovechar al máximo la capacidad de contratación de pymes y autónomos, así como continuar el proceso de reforma laboral empezado.

Los autónomos y pymes reclaman un plan estratégico y una reforma energética clara, que tenga por finalidad la mejora de la competitividad de pymes y autónomos y que esté fundamentada en el ahorro y la eficiencia energética. También reivindican políticas de formación, calificación y ocupación a partir de las necesidades presentes y futuras de las empresas y de los territorios. Desean una mayor integración entre el mundo universitario y empresarial, con más innovación universitaria aplicable a las empresas y transferencia de conocimiento entre ambos ámbitos, en que la empresa tenga reconocido su papel como agente formativo.

Por otro lado, el informe reclama una hoja de ruta para la internacionalización de la pyme, con objetivos claros y estables, que ofrezca más recursos e instrumentos para el acceso a nuevos mercados de exportación, disponer de financiación para la internacionalización y un regreso rápido del IVA a los exportadores, una fiscalidad orientada a la actividad exportadora, una simplificación de los procesos administrativos, los servicios aduaneros y un entorno más favorable a la movilidad de las personas y a la obtención rápida de visados.

Las infraestructuras también tienen un papel en el manifiesto puesto que piden focalizar la inversión pública en infraestructuras que reviertan en mejoras competitivas del sector productivo. Además, demandan que la legislación de las administraciones se haga de manera estable, coherente y “pensando en pequeño”. Además, que se racionalicen y simplifiquen sus estructuras, funciones y procesos; que no se dejen influir por los intereses de las grandes corporaciones; que no discriminen las pymes en la contratación pública facilitando la contratación en lotes, evitando la centralización del proceso de compra y teniendo en cuenta la calidad y el servicio; que prioricen la lucha contra el paro.