Los representantes de diversas industrias, empresas y del sector agrícola auguran una panorama casi catastrófico si el Ministerio de Industria no modifica una propuesta de orden ministerial que desarrolla la Ley Eléctrica, y en la que se fija un recorte a la remuneración de las plantas de cogeneración que las aboca al cierre. El tema no es la citadas centerales, aseguraron de forma unánime, sino las industrias que las utilizan que perderán inversiones y competitividad a unos niveles preocupantes.

Tan preocupantes, según sus opiniones, que Eduardo Querol, presidente la patronal papelera Aspapel y consejero delegado de Torraspapel, afirmó que su sector que exporta el 50% de la producción, se enfrenta a cierres y deslocalizaciones. Habló de daños sin precedentes y puntualizó que en un país en el que la energía siempre ha sido cara, la cogeneración «es una herramienta única». «La industria y la cogeneración están casadas, y en este área no hay divorcio posible», añadió.

En una línea similar se pronunció el representante del sector cerámico, quien alertó que estas compañías que empezaban a superar las dificultades básicamente por la exportación, se enfrentan de nuevo a riesgos de cierres al no poder competir en costes y por las reglas de juego con las empresas de otros países.

Pedro Astals, presidente de la Federación Española de la Industria de la Alimentación y Bebidas, destacó que lo que también se pone en peligro en la continuación de la incipiente recuperación económica. «Una política que debe pivotar sobre la industria agroalimentaria que es un pilar básico de la economía española». Aportó datos de una industria que factura más de 90.000 millones de euros al año, equivalentes al 20% de la industra nacional. Está formada por 29.126 empresas en las que trabajan 440.000 personas. Este sector que cuenta con el 20% de las plantas de cogeneración instaladas en España -unos 1.270 megavatios de un total de 6.000 megavatios- utiliza las plantas para producir de forma simultánea frío, calor y electricidad.

En este contexto, las citadas industrias, así como los representantes de las compañías de fabricantes de ladrillos, la asociación agraria de jóvenes agricultores (Asaja) y de las cooperativas agroalimentarias han enviado un manifiesto al ministro de Industria, José Manuel Soria, en el que piden el cambio de la citada orden ministerial. En conjunto se indica que podrían perderse 70.000 empleos directos, con un impacto del más del 1% del PIB -alertan de la pérdida de ingresos para el Estado-, así como de una reducción del 10% de la demanda nacional de gas natural.

En el área agrícola los más afectados son el sector porcino y los productores de aceite de oliva, así como las cooperativas, por lo que también se han unido a este movimiento organizado a través de la asociación para la cogeneración Acogen.