En concreto, el Ejecutivo ha dictado sendas multas de 150.000 y 960.000 euros a la sucursal española del banco portugués y dos amonestaciones públicas por incumplir el deber de comunicación recogido en la normativa sobre prevención del blanqueo de capitales.

La sanción, que fue impuesta por el Consejo de Ministros en mayo de 2013, es ya firme en vía administrativa, por lo que su contenido ha sido publicado este lunes en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

En todo caso, la entidad podrá interponer, con carácter potestativo, un recurso de reposición en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación o recurrir las multas ante la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en el plazo de dos meses a contar desde el día posterior a la notificación de las mismas.