El Banco de España tendrá que cobrar una tasa a las entidades de crédito españoles para financiar los 32,64 millones de euros que costarán las contrataciones de auditoras y consultoras para trabajos de evaluación relacionados con los exámenes que tanto el Banco Central Europeo (BCE) como la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés) harán antes de que en noviembre comience la supervisión bancaria única.

Es la propuesta contenida en una de las 37 enmiendas que el PP ha hecho en el Congreso de los Diputados al proyecto de Ley de Ordenación, Supervisión y Solvencia de Entidades de Crédito, que traspone la normativa comunitaria, fundamentalmente la Directiva sobre Basilea III.

La tasa para financiar los exámenes europeos de la banca española es de 0, 01048 por mil del importe de los activos totales de los grupos consolidables a fecha de 31 de diciembre de 2013. Se pagará el 31 de diciembre de este año.

En la misma dirección, el PP incluye entre sus enmiendas una ya registrada por el PNV, y que se refiere a que el Banco de España envíe anualmente a las Cortes Generales los resultados agregados de las pruebas de resistencia «tan pronto como estén disponibles», y no únicamente la memoria de las actuaciones que hayan dado lugar a medidas de intervención o sustitución, como recoge el proyecto de ley.

Más inhabilitación

Otra enmienda del PP regula que los responsables de la administración o dirección de entidades financieras que cometan infracciones muy graves quedarán inhabilitados para ejercer cargos de ese nivel en cualquier entidad de crédito o del sector financiero durante un plazo de hasta diez años, en lugar de los cinco inicialmente previstos.

El PP argumenta esa enmienda en la necesidad de «establecer una diferente gradación» con respecto al periodo de inhabilitación en las infracciones graves, que es de cinco años.

Entre las infracciones consideradas muy graves por el proyecto de ley aparecen ejercer como profesional del sector financiero sin autorización de la entidad, autorizar fusiones, escisiones o cesiones de activos sin permiso o incumplir los recursos propios exigidos a las entidades de crédito durante más de seis meses.