El nuevo sistema de retribución de las plantas de energías renovables, residuos y cogeneración está ya en la pista de salida, una vez que el Gobierno ha elaborado la orden que fija los parámetros retributivos de estas instalaciones. El siguiente paso lo dará la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) que hará público, previsiblemente la próxima semana el informe sobre esta normativa que ha levantado las críticas de los sectores y de las empresas afectadas.

Las acusaciones apuntan a que se trata de medidas que pueden acabar con la viabilidad de la gran parte de la potencia instalada, que consagra la incertidumbre regulatoria y que va ser objeto de una fuerte respuesta en los tribunales. Gestores de fondos que han invertido en áreas como las relacionadas con la energía solar ya han iniciado acciones en esa línea.

Si bien esta es la reacción de las ‘víctimas’ de la reforma, medios consultados señalan además que puede que no sea eficaz para acabar con el déficit tarifario eléctrico -que se crea cuando los ingresos no cubren los costes regulados-. La reducción de la retribución a las citadas centrales sólo servirá para rebajar la factura que las primas e incentivos suponen al sistema eléctrico de 9.000 millones (cálculo de 2013) a unos 7.000 millones de euros anuales.

En la memoria económica de la orden, en la que se intenta argumentar los cambios introducidos, se señala que «los incentivos económicos a las instalaciones de energía eléctrica mediante fuentes de energía renovable, cogeneración y residuos han ascendido a más de 50.000 millones de euros -desde 1998 a 2013-«, incrementándose en más de un 800% desde 2005 hasta 2013, año en el que las primas a las citadas instalaciones alcanzan los 9.000 millones de euros.

En el citado informe se especifica el impacto en cada tipo de central, por tecnologías y por el año en el que comenzó la explotación. Sobre la energía eólica terrestre, de la que en 2013 existían 1.325 instalaciones con una potencia instalada de 22.800 megavatios -un 58% del total de las renovables y cogeneración-, se pone de manifiesto que la práctica totalidad de los parques que permanecen en servicio comenzaron a ser operativos desde 1994 en adelante.

«El impacto económico del nuevo esquema retributivo tiene sobre cada instalación concreta  difiere sensiblemente en función tanto de la instalación tipo asociada como del funcionamiento». Y se añade que «una instalación eólica de 25 megavatios de potencia  cuyo año de autorización de explotación definitiva sea 2012, que tenga una media anual de 2.100 horas equivalentes de funcionamiento, pasará a percibir una retribución adicional a la venta de energía en el mercado de 2,125 millones de euros en el anterior régimen retributivo a 2,5743 millones de euros con el nuevo esquema».

Y una planta también de 25 megavatios cuyo año de autorización de la explotación definitiva haya sido 2008, «pasaría a percibir en 2014 una retribución adicional de 2,711 millones de euros con el anterior régimen a 2,522 millones con el nuevo esquema».