Comisiones Obreras (CCOO) ha pedido hoy la revisión “a fondo” del proyecto de ley de Desindexación de la economía española. La norma, que el Congreso tenía previsto debatir este jueves, prevé desligar de la inflación los contratos públicos. Una condición que, en opinión del sindicato, repercutirá en un recorte de plantillas y de salarios en las contratas para la Administración. Y que se trasladará finalmente al resto de trabajadores del conjunto del sector privado.

En primer lugar, CCOO critica la utilidad de la norma que desliga de la evolución del IPC el coste de la prestación de servicios públicos. “No va a servir para controlar las subidas de precios de los sectores regulados”, advierten, en referencia al sector energético y otros, como “la distribución de alimentos y el sector financiero”. En cambio, la ley de desindexación sí puede afectar muy negativamente a los salarios de las plantillas que trabajan en las empresas contratadas a su vez por la Administración.

La ley de desindexación se limitá, en su opinión, a actuar sobre los síntomas de la inflación. “Históricamente ha sido en los sectores regulados donde se producen las subidas de precios que no se corresponden con los costes. Hablamos de la electricidad, el gas, los carburantes, el transporte, la distribución de alimentos y el sector financiero y de seguros”, concluyen, trras denunciar que las tarifas superan en esos sectores las que pagan el resto de consumidores europeos.

Con todo, la futura ley sí tendrá efecto sobre las empresas que contratan con las Administraciones. Con su aprobación, las empresas se verán obligadas a revisar sus precios en función de un índice. Este índice de garantía de la competitividad. (IGC) intenta recuperar la competitividad perdida por la economía española frente a Europa desde el año 1999.

Según CCOO, el nuevo índice va a impedir las subidas salariales en las empresas públicas que trabajan para la Administración. “Solo serán posibles cuando el Gobierno decida revisar el mismo”, informan. Si las subidas aprobadas por el Ejecutivo no cubren costes o merman demasiado los beneficios, la consecuencia será un recorte de plantillas o de sueldos, auguran desde el sindicato.

Aún más. Aunque el proyecto de ley lo excluye expresamente, CCOO teme que el índice termine trasladándose finalmente a la negociación salarial de los empleados públicos. E incluso al conjunto del sector privado, según auguran.