El comisario europeo de Competencia, el español Joaquín Almunia, ha conseguido la pasada semana con su sola presencia en España trastocar los planes de la ministra de Fomento, sobre la creación de la futura Sareb de autopistas. Según declaró Almunia tras hablar por teléfono con la titular de este departamento ministerial, Ana Pastor le dijo que todavía había tiempo para perfilar y mejorar la iniciativa del Gobierno al respecto, pese a estar casi perfilada unos días antes con los bancos y las empresas.

El proyecto se había vuelto a encarrilar al volver al acuerdo inicial la banca acreedora y también rebajar sus exigencias las empresas constructoras, aceptando reducir su participación o incluso ni tenerla en el capital de la futura empresa pública de autopistas.

¿Ayudas de Estado?

Pero Almunia lleva insistiendo desde enero en que hay que analizar otra vez toda la estructura de este complejo plan para ver si es compatible con la política de ayudas de Estado de la Comisión Europea (CE), y a su llegada a Madrid simplemente repitió el mismo mensaje en público, lo que extendió una ola de miedo por los ministerios afectados como Fomento y Hacienda.

Ante la presencia del todavía comisario europeo, la ministra Pastor declaró públicamente que se sigue trabajando para intentar dar una solución a un problema que, añadió, su departamento ha heredado del Gobierno anterior. Y reiteró que su objetivo es buscar soluciones para las autopistas de peaje que no les cueste ni un solo euro a los ciudadanos españoles.

Terrible presente del “tax lease”

Almunia ha sido desde su posición en la CE el reciente verdugo de la construcción naval española, por no aceptar la famosa fórmula fiscal del “tax lease”, que la CE si permitió a otros países europeos como Francia.

Por mucho que el Gobierno español, a través del Ministerio de Industria, Energía y Turismo (Minetur) y de las comunidades autónomas más afectadas por tener astilleros privados como Galicia, País Vasco, Cantabria y Asturias, entre otras, intentó hacer cambiar al comisario de idea, apelando incluso a su nacionalidad y a más de 80.000 empleos que pueden perderse, Almunia no dio su brazo a torcer y ha dejado herido de muerte al sector, según opinan todos los astilleros.

Próxima salida de Almunia de la CE

Algunas fuentes del Gobierno tiemblan ante la sola idea de que pueda pasar lo mismo con las autopistas, dadas las pocas posibilidades del Ejecutivo para frenarle. Quizás, añaden las fuentes, lo único es retrasar el acuerdo final y esperar a que Almunia deje la CE este año, tal como está previsto y sea sustituido por alguien del PP.

La oferta planteada por el Gobierno contempla crear una sociedad de capital 100% público para aglutinar a las 9 concesionarias con problemas o aplicar a los bancos una quita del 50% en la deuda que soportan por estas inversiones y que asciende a 4.600 millones de euros. El Ejecutivo también avanzó antes de la llegada de Almunia a Madrid su intención de crear un fondo de titulización para emitir bonos a 30 años con una rentabilidad mínima del 1 %, porcentaje que dependerá también de los tráficos de estas vías.

La propuesta ha sido trabajada por los ministerios de Fomento y de Hacienda con las seis principales entidades financieras implicadas en el proceso, aunque el Santander por palabras de su presidente Emilio Botín, ya ha dicho que habrá que estar en el acuerdo final.

Hoy mismo se reunirán en Fomento todas las partes implicadas para tratar de buscar una solución, pese a las nuevas dificultades abiertas por el comisario Almunia.

La banca acreedora aceptará el plan, pero buscará negociar mayores garantías y algún margen más de rentabilidad al bono. Fuentes del sector afirman que a la quita que se realiza al importe de deuda total de 3.600 millones que actualmente suman las autopistas es preciso sumar la adicional que deriva de aplazar a treinta años el vencimiento del pasivo.

Las constructoras por su parte se reunieron el pasado jueves con Hacienda, y aunque la mayor parte de ellas previsiblemente convendrán con el plan de rescate, no les ha gustado el contar con tan pocas opciones.

Un sector tocado de lleno por la crisis

Las cuatro autopistas radiales de Madrid proyectadas durante el gobierno de José María Aznar (1996-2004) se declararon en concurso de acreedores, presionadas por una deuda conjunta de 1.700 millones de euros y una caída del tráfico que supera el 48% desde los máximos que registraban en 2007, antes de la crisis.

Junto a las radiales R-2, R-3, R-4 y R-5 y el Eje Aeropuerto, la AP-41, que conecta Madrid y Toledo; la AP-36, que discurre entre Ocaña (Toledo) y La Roda (Albacete); y la Cartagena (Murcia) y Vera (Almería) también se vieron abocadas al concurso.