El próximo día 8 el Congreso debatirá la propuesta catalana para que el Estado ceda a la Generalitat las competencias para celebrar consultas. El resultado de este debate está cantado:  lejos de aportar posibles soluciones sólo servirá para hacer electoralismo y radicalizar más las muy enfrentadas postura. Las comparaciones con el caso Ibarretxe me parece que están tomadas por los pelos, por que con el lehendakari el proceso se acabó en el Congreso y el tema catalán está lejos de resolverse en este marco.

Hay una segunda lectura más política: la profunda incapacidad del sistema legislativo para adaptarse a los problemas del país y aportar soluciones. Por un lado una sacralizada y amortizada Constitución que sólo han podido votar los prejubilados se ha convertido en un chiclé que según convenga se interpreta en un sentido o en otro. Al poco de su nacimiento Manuel Fraga (antes de convertirse en ferviente defensor del autonomismo) ya abogaba por reformar el título octavo. Después el más que politizado Tribunal Constitucional consideró válido modificar el resultado de las urnas que consagra como sagrada la Carta Magna, recientemente un legislador (el portavoz del PP Alfonso Alonso) no tiene reparos en señalar que “da igual que se quiera imponer la voluntad de uno por la violencia o por las urnas. Si es al margen de la ley es antidemocrático”.

La apertura del melón constitucional ha dado pánico a los grandes partidos constatando la imposibilidad de llegar a acuerdos (y por ello las tentativas no han pasado de la fase de brindis al sol) aunque los dos grandes partidos no tuvieron grandes problemas en modificar su texto en unas horas con la oposición de casi todos los grupos de la Cámara.

En cualquier caso la incapacidad de las fuerzas políticas en adaptar las leyes a las necesidades del país las ha convertido no en un cauce para ordenar la vida de los ciudadanos si no en un corsé que impide dar soluciones a los problemas de los ciudadanos.

Volviendo a Catalunya, a pocos se le debe escapar que el mapa político es muy estable: una clara mayoría de partidos que apuestan por una consulta independentista (independientemente de como se distribuyan los votos estas fuerzas) y una minoría casi testimonial formado por las dos principales fuerzas españolas y en caída libre, mientras un partido emergente –Ciudadanos- les está acaparando una parte muy significativa de su electorado. Con este mapa hace falta políticos de una cierta altura de miras que sean capaces de gobernar y legislar por encima de los intereses partidistas.

Ante esta situación, y en temas como la reforma de la ley del aborto, la propuesta de modificar la ley de seguridad ciudadana, la normativa sobre los desahucios, normativa laboral, pensiones, sanidad, educación, justicia… uno tiene la sensación de que el país está al servicio de las leyes en vez de que las leyes estén al servicio del país. Como consecuencia las leyes lejos de aportar soluciones con demasiada frecuenciia se convierten en el problema.