El Gobierno no tiene todavía los informes técnicos definitivos que relacionen la inyección de gas en el almacenamiento marino Castor que está frente a las costas de Tarragona y Castellón, con los movimientos sísmicos que se registraron en la zona, por más la auditora DNV haya calificado la planta de apta. Lo que sí sabe que existen dificultades de carácter técnico para realizar las evaluaciones pertinentes y contrastadas en el subsuelo.

Pero una dificultad igual de relevante podría ser cumplir el compromiso adquirido tanto por el ministro de Industria, José Manuel Soria, como por otros responsables políticos, que aseguraba que el proyecto sólo saldrá adelante si cuenta con un 100% de seguridad; es decir, que la inyección de más gas no se va a traducir en nuevos seísmos. Ésa parece ahora una posibilidad remota, ya que los expertos incluso descartaron sacar el gas inyectado para no provocar posibles movimientos adicionales en el activo que fue paralizado en septiembre de 2013.

No obstante el tiempo pasa y además en una etapa en la que se prepara una reforma de la retribución de las actividades gasistas reguladas, en las que -con independencia de los eventuales costes derivados de Castor- existe una polémica entre los que sostienen que el déficit del sistema de gas es perfectamente asumible y los que están preocupados porque derive en un agujero, si bien muy lejano al eléctrico, de un perfil preocupante. Una revisión en las que participan desde las empresas afectadas, la Administración al regulador -la Comisión Nacional de Mercados y Competencia-.

Sin duda Castor es una tema aparte, pero la sociedad promotora Escal -propiedad en un 66,6% de ACS y en el 33% restante por la canadiense CLP- reclaman una solución económica, ya sea la entrada en funcionamiento del activo o la asunción por parte del Ejecutivo de los riesgos económicos. Mientras, la auditoria realizada por DNV ratifica que la inversión realizada se eleva a 1.460 millones de euros. A partir de aquí la solución que se baraja es el sellado del almacenamiento – proceso que sería protagonizado por Enagás- y dejar que los costes de la inversión pasen en parte a las tarifas de gas, aunque se trate de un activo que no ha entrado en funcionamiento.

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