El incremento del IVA reducido de un 10% a un 21% que el “Informe Lagares” propone al Gobierno no convence a la industria de la alimentación, el sector de la distribución y la hostelería que se han reunido hoy en el marco de la Alimentaria para mostrar su total rechazo a la medida. Según ha advertido el director general de Aecoc, José María Bonmatí, incrementar el actual tipo reducido afectaría casi el 65% del gasto total en alimentación e implicaría un gasto adicional de casi 600 euros al año por familia, lo que supone un efecto devastador para muchas economías familiares y sobre el conjunto del consumo. De producirse este escenario se registraría una caída de la producción de entre el 4,3% y el 6,2% y se destruirían más de 155.000 puestos de trabajo en nuestro país. 

Alimentaria ha supuesto un punto de encuentro y de producción de la alimentación de nuestro país pero también como nexo de unión de las asociaciones empresariales Aecoc, Fiab, Asedas, Aces, Fehrcarem y Confederación Española de Comercio y Cooperativas Agroalimentarias que han realizado una rueda de prensa conjunta para avisar al Gobierno ante las consecuencias de la subida del IVA. Las asociaciones creen que una modificación del tipo reducido lastrará la incipiente recuperación del consumo y paralizará absolutamente las decisión e inversión empresarial y proponen una reforma fiscal que fomente, en lugar de penalizar, una actividad empresarial que permita reanimar el consumo interno. El director general de la patronal Fiab, Horario González Alemán, ha declarado que “la fiscalidad debe ser un impulso a la recuperación económica y no un freno” en un momento en el que el sector se encuentra estancado.

El director general de la patronal de supermercados Asedas, Ignacio García Magarzo, ha incidido en que queda pendiente la aprobación de medidas que reactiven el consumo y que “la reforma fiscal debe alejarse de un ejercicio teórico puesto que no se puede ignorar el momento clave del consumo en el que nos encontramos”. En este sentido, las asociaciones empresariales han recomendado al Gobierno que en lugar de subir la imposición indirecta mejore las medidas contra el fraude fiscal, que en nuestro país corresponde al 25% del PIB, y que eliminen todas aquellas duplicidades administrativas que rompen la unidad de mercado.