Cuando queda poco más de una semana para que se conozca el desenlace de la fase en la que ha entrado la historia de Pescanova, los dos grupos que pugnan por el control de la empresa pesquera afrontan esta etapa más o menos empatados en fuerzas, según medios consultados. El fin de este periodo viene marcado por el tope fijado por el juez -15 de abril a las 15 horas- para adherirse al convenio de acreedores propuesto por los principales accionistas de la empresa, la cervecera catalana Damm -controlada por la familia Carceller- y el fondo Luxempart. Es el único que existe.

Frente a esos accionistas y su propuesta de convenio, la banca española -que ha negociado a lo largo de estos meses un acuerdo para recuperar la parte más elevada posible del riesgo que tiene contraído con el grupo- cuenta con su propia hoja de ruta para lograr ese objetivo, que además pasa por el mantenimiento de la multinacional en un perímetro lo más similar posible al actual, añaden las mismas fuentes. En esta línea, directivos de algunas de las entidades más implicadas en esta crisis empresarial, como lo son Sabadell y Popular, han manifestado públicamente en los últimos días su intención de colaborar en la supervivencia de la compañía, al tiempo que han acusado a Damm de engaño, después de un pacto que tuvo una corta vida.

Una situación de enfrentamiento público que muestra que un acuerdo de última hora es prácticamente imposible, y más teniendo en cuenta que el documento presentado ante el juez por la cervecera catalana y sus socios ya no puede ser modificado por imperativo legal.

En este escenario, peligroso para el futuro de Pescanova, al que hace unos meses los afectados no esperaban que se llegase, Damm -por un lado- busca apoyos en los bancos que no forman parte del comité negociador, así como en fondos que también son acreedores de la empresa gallega, entre los que están fondos buitre que han adquirido deuda de algunos bancos. El citado comité está formado, además de Sabadell y Popular, por Caixabank y NCG y UBI Banca. Su propuesta incluye la aportación de liquidez por 115 millones y la capitalización de deuda por 2.000 millones, lo que equivale a una quita de deuda por debajo del 70%.

Un plan que, según Damm y la actual dirección del grupo de alimentación, no haría viable la sociedad. Con esta opinión y su propio programa, negocian en estos días el respaldo de acreedores con los que esperan superar el apoyo requerido para que el convenio salga adelante. Medios consultados señalan que matemáticamente es posible, ya que los bancos del comité negociador no representan el 50% de la deuda de Pescanova, que suma más de 3.800 millones de euros.

Lo que es inevitable es que si Damm no saca adelante el convenio, la empresa entre en fase de liquidación, a la que acudiría la banca para eludir su total disolución. Y lo intentará en negociaciones con las autoridades concursales y el juez para evitar subastas por cada una de la filiales o activos del grupo, ya que la recomposición posterior sería más difícil: intentan que la subasta se haga por el conjunto del grupo y, por supuesto, ganarla. Los mismos medios añaden que en este contexto hay que tener en cuenta que existen grupos e inversores interesados por activos y filiales del grupo, que ha superado este largo año de crisis con unos resultados razonablemente buenos.

Otro aspecto complejo dentro de este difícil proceso es encontrar un socio industrial gallego para Pescanova, que deberá sustituir a Deloitte en la gestión, ya que la dimensión de las empresas del sector de la región no hace factible que algún candidato haga cargo de la multinacional. Ni siquiera si el ámbito geográfico se amplía al conjunto de España, Campofrío y Ebro Foods están dentro de grupos internacionales, mientras que en paralelo se libra la batalla por el control de la aceitera Deoleo.

Por otro lado, Los acreedores de Pescanova podrán adherirse a la propuesta de convenio, presentada por el consorcio Luxempart y Damm, desde este viernes hasta el el próximo 14 de abril, pudiendo verificarse las mismas por escrito hasta las 15.00 horas del día siguiente, según ha informado el juzgado de lo Mercantil número uno de Pontevedra.

El organismo judicial ha recibido este pasado viernes, 4 de abril, el informe de la administración concursal de evaluación de la propuesta de convenio de la firma gallega, que no cuenta con el beneplácito de la banca y que debe conseguir el apoyo de algo más del 50% de los acreedores.