Que a los Mossos d’Esquadra se les vayan las manos en menos de dos horas y con dos detenidos diferentes va dejando ya de ser noticia. Asociar la palabra Mossos a la brutalidad, el abuso de fuerza y la represión, cuando no directamente con el homicidio cada vez menos presunto, hace ya demasiado que no es una novedad.

Hace apenas un día, recibieron una llamada desde una cafetería de la plaza Molina de Barcelona, porque un cliente estaba molestando a los demás. No hace falta decir que este hombre –luego se ha sabido que se trataba de un actor de televisión-, por mucho que estuviera importunando, no iba armado. Reducido entre seis agentes, se desmayó tras ser esposado y murió. Todavía, que se sepa, no hay disponibles vídeos de esta actuación de los Mossos, pero sólo hace falta recordar otras grabaciones conocidas para imaginar el horror que vivió Alfons Bayard, que murió de la misma impresión.

Mientras, en Salou, un hombre era reducido tras agredir a su pareja en el cuarto de baño de la vivienda. Al parecer se revolvió violentamente y costó inmovilizarlo: a él, especialmente, porque una vez esposado también se derrumbó, inerte.

Con independencia de la reprobación que pueda suscitarnos cualquier comportamiento –sobre todo, el terrorismo doméstico-, la efectividad de este cuerpo de seguridad catalán no puede medirse por su número de muertes provocadas o inducidas. Son ya demasiados los casos con sospechas de asesinato, como el del empresario barcelonés Juan Andrés Benítez, muerto en El Raval por una intervención en la que estuvieron involucrados diez agentes, nueve de ellos imputados por homicidio. Entonces, los mandos policiales dieron una versión equívoca, refutada después por un vídeo casero en el que se pudo comprobar el salvajismo con que redujeron a este hombre, hasta matarlo. Y eso sin contar con la imputación de seis agentes de El Vendrell por lesiones a un detenido en fin de año, o de otros ocho por el fallecimiento de un marroquí en esa misma comisaría, o los otros nueve agentes también imputados, esta vez por humillar y torturar, a golpes, a tres muchachos detenidos el verano pasado.

En cualquier lugar de España, un detenido es un sujeto de derecho, y mientras está recluido en una comisaría es el Estado quien garantiza su seguridad. En la Cataluña de Artur Mas, tan preocupado siempre por el Estado centralista opresor, la cuestión no está tan clara, porque parecen no importar los reiterados casos de represión tanto dentro como fuera de algunas de sus comisarías. Ocurrió con el anterior consejero de Interior, Felipe Puig –responsable de algunas de las cargas más violentas contra manifestantes pacíficos que hemos visto, las de las plaza de Cataluña, y ahora, incomprensiblemente, quien sabe si como premio a sus servicios, actual consejero de Empresa del Gobierno catalán-, como con el más reciente, Ramón Espadaler, que junto con el presidente de la Generalitat son los responsables de este lamentable estado policial. Ellos cargan las tintas contra su socorrida España represora, mientras en sus comisarías “el totalitarismo está que arde”.