Los agentes sociales del sector de la construcción en Cataluña, patronal y sindicatos, han presentado un manifiesto para concienciar a la sociedad y a las administraciones del duro momento que sufre su industria. En los últimos cuatro años, la producción ha disminuido un 66% y en el último año un 23%. Según estima Euroconstruct/ITEC, en 2014 la producción caerá un 6,7% (-5,2% en edificación y 13,4% en obra civil).

Dieciséis entidades empresariales y sindicales del sector de la construcción han firmado el manifiesto “Salir de la crisis con la construcción”, que tiene como primordial objetivo “reivindicar un plan de rescate”, según ha explicado este miércoles Alfredo Cabeza, secretario general de FECOMA-CCOO en una rueda de prensa previa al acto en la que también han intervenido Francesc Boixadós, presidente de la Cámara Oficial de Contratistas de Obras de Cataluña, José García, secretario general MCA-UGT y Joaquín Osorio, presidente del Gremio de Constructores de Obras de Barcelona y Comarcas.

El conjunto de las organizaciones que representan el sector están convencidas de que no hay salida de la crisis sin política de inversión pública y sin construcción, por lo que reclaman a las administraciones catalanas y estatal que inviertan un total de 7.200 millones de euros entre este año y 2016. En este sentido, se estiman las inversiones necesarias en 1.800 millones de euros para este año, 2.400 para el siguiente y 3.000 para 2016.

Boixadós ha subrayado la falta de obras de infraestructuras en Cataluña para ser más competitiva y que “el Estado tiene que ser consiente de que si quiere que Cataluña les ayude a salir de la crisis, debe invertir en infraestructuras con alto retorno económico”. Para estar a la altura de otras comunidades y regiones europeas similares, se necesita una inversión de entre 8.000 y 10.000 millones, según el presidente de la Cámara de Contratistas, ya que Cataluña carece de infraestructuras en aeropuertos de mercancías, carreteras, puertos de mercancías y ferrocarril. Algunos ejemplos que ha señalado José García son la finalización de la línea 9 para conectar Barcelona, Plaza Europa y el aeropuerto o la unión del tranvía por toda la Diagonal de Barcelona, que supondría un incremento de usuarios del 150%.

Otro de los aspectos reivindicados en el manifiesto es la pérdida de empleo del sector, que en Cataluña ha sido de 11.446 trabajadores asalariados afiliados y 2.518 autónomos en 2013. Desde 2007, las pérdidas han sido de 172.022 asalariados y 41.167 autónomos. Francesc Boixadós ha explicado el efecto dinamizador del sector sobre la creación de puestos de trabajo, y ha remarcado que por cada millón de euros de producción en el sector de la construcción, se generan quince puestos de trabajo directos e indirectos. Joaquín Osorio ha completado la información y ha recordado que la rehabilitación y la construcción de pequeñas viviendas también es un motor muy importante, y que por cada millón de euros invertidos se crean cincuenta y seis puestos de trabajo, por lo que “la administración no solo tiene que poner dinero en inversión sino ayudarnos también el la rehabilitación del sector”.

Salir de la crisis

Las medidas que se plantean en el manuscrito son la reactivación de todas las obras de infraestructura y equipamientos paradas o no rescindidas, que cumplan los ratios de alto entorno económico o social por parte de todas las Administraciones.  También la creación de un plan de choque para la reforma y rehabilitación de viviendas y entornos urbanos y rurales, actividad que más “mano de obra ocupa” o seleccionar aquellos proyectos estratégicos que tienen gran importancia para el desarrollo económico o social y avanzar la realización.

Otra de las medidas es el pago de las deudas por riguroso orden de antigüedad en todas las administraciones y considerar la inversión pública como un activo y declararla fuera del cómputo del déficit en aquellas obras urgentes y estratégicas. Y por último establecer, mediante la normativa pertinente, la prelación de infraestructuras a construir, adoptando de forma incuestionable los ratios comúnmente aceptados por criterios socio-económicos, penalizando cualquier infracción, no razonada, de estos.