Nuevos sectores industriales se han unido a los que ya habían señalado que la reforma energética, en aprobada y en parte en marcha, pone en riesgo su competitividad frente a empresas de otros países, y, por tanto su viabilidad futura. A las compañías de alimentación, papeleras, azulejeras, cooperativas agrícolas, entre otras, se suman ahora las industrias de la madera y mueble, textil, maquinaria de bienes de equipo para cerámica y productos para la construcción. Al manifiesto también es compartido por otras instituciones como el Instituto de Tecnología Cerámica (ITC) y Instituto Tecnológico del Mueble, Madera, Embalaje y Afines.

Estas empresas han ratificado el manifiesto firmado el pasado 20 de marzo por las industrias de los sectores, con lo que ya son 12 las asociaciones sectoriales que denuncian que la nueva normativa eléctrica penaliza la eficiencia energética de sus industrias y actividades. En él destacan que la cogeneración es una herramienta clave para la competitividad energética y, asimismo, para la reindustrialización de España. Y solicitan al Gobierno «una profunda modificación de la propuesta de orden ministerial de retribución que la hace inviable».

Ahora de nuevo se insiste que la orden ministerial empuja a la mayor parte de las plantas a las pérdidas operativas, con un sustantivo impacto sobre la competitividad de las industrias, capacidad de exportación y empleo. Como consecuencia, se complicaría «la recuperación económica ya que podría generarse un escenario de cierres, deslocalizaciones y pérdida de empleo en las industrias asociadas a la cogeneración».

«El cierre de plantas de cogeneración conllevaría la caída de la demanda nacional de gas del 10%, la pérdida de la eficiencia energética del país del 2%, impactos socioeconómicos de más del 1% del PIB y la pérdida de 70.000 puestos de trabajo industriales directos, sin duda el peor escenario para la anunciada recuperación económica», añaden.

Otra vía se ha abierto en la relación de la industria con las autoridades energéticas. Se trata de las interrumpibilidad, por la que algunos grandes consumidores eléctricos se desconectan del sistema eléctrico, poniendo a su disposición toda o parte de la potencia contratada para suplir posibles carencias. Según Unesid, patronal de las siderúrgicas, «las empresas que lo prestan han tenido que abordar cuantiosas inversiones materiales y organizativas para poder cumplirlo y porque supone un verdadero seguro para el conjunto de los consumidores eléctricos».

Indica que las empresas que suscriben este servicio reciben una compensación adecuada –hasta hace poco, razonable– por la prestación del mismo, sin que pueda considerarse en modo alguno una subvención o ayuda de Estado. Pero ahora, elGobierno en su reforma eléctrica, «ha realizado modificaciones del régimen de interrumpibilidad que suponen una rebaja sustancial de la retribución que percibían las empresas por ese servicio». Una orden ministerial que Unesid ha recurrido.

En este contexto, la Comisión Europea aprobó este miércoles, 9 de abril, el esquema de ayudas de Estado en materia de energía y medio ambiente que incluye la posibilidad de que los estados miembros excluyan del pago de las energías renovables a los grandes consumidores eléctricos, como ya ocurre en Francia y Alemania. Si bien, «Lamentablemente, en España el asunto ni se ha planteado».

Unesid recuerda que la industria siderúrgica española supone el 4,6% del PIB industrial, y que exporta es netamente exportadora (71% de la producción), alcanzando el 4% de las exportaciones españolas de bienes.