El Ministerio de Hacienda ha confirmado que prepara un real decreto de modificación de la normativa sobre prevención de riesgos laborales. La principal consecuencia de estos cambios será una reducción de los delegados sindicales destinados a estas tareas en el seno de la Administración General del Estado (AGE). Según el ministerio, la medida es “perfectamente legal” y fue pactada con los sindicatos.

El Gobierno prepara, para su aprobación «en los próximos días», una modificación legal por la vía del decreto que conllevará la reducción en un 80% el número de delegados de prevención de riesgos laborales en las Administraciones Públicas, según el sindicato de funcionarios CSI-F.

La medida se enmarca dentro de las políticas de racionalización del gasto en el sector público y fue pactada, según Hacienda, con los sindicatos. CSI-F explica que dicha modificación trasladará al sector público los recortes en materia de representación sindical impulsados en 2012 (‘Ley Antidéficit’). La central considera que la medida vulnera la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

CSI-F considera que el recorte «imposibilitará la correcta supervisión de los puestos de trabajo en lo que concierne a la detección de situaciones de riesgo, acoso, seguridad en los accesos o situaciones de emergencia».

Nuevo sistema de cómputo

Por su parte, Hacienda afirma que el texto pactado con los sindicatos determinaba un nuevo sistema de cómputo de representantes. Así precisaba que se debería considerar la plantilla total correspondiente al centro de trabajo y no por separado para funcionarios y personal laboral.

«El cómputo por separado de funcionarios y laborales estaba prácticamente duplicando el número de delegados de prevención en comparación con las empresas privadas”, argumenta el ministerio.

Por otro lado, el acuerdo también preveía hacer coincidir el ámbito de los comités de seguridad y salud con el de los órganos de representación de los trabajadores (circunscripciones electorales). Por ello, desde Hacienda insisten en que la reducción de estos lleva aparejada la reducción de delegados de prevención, «pero es perfectamente legal».

Según CSI-F, el Gobierno debe «recapacitar» dada la «gravedad» que supone esta decisión, que «a corto y medio plazo elevará los niveles de siniestralidad entre los empleados públicos».