El Europarlamento decide este miércoles sobre los derechos de los trabajadores desplazados. Los sindicatos europeos consideran que – en su redacción actual – la norma no garantiza la igualdad de trato para las plantillas locales y la de quienes se desplazan a trabajar. Por eso exigen a los eurodiputados que den una vuelta de tuerca a la directiva sometida a debate, cuyo contenido afecta cada día a un mayor número de trabajadores.

Ante el debate en el Europarlamento este martes, la confederación sindical europea (CES), ha reclamado a los eurodiputados que endurezcan la Directiva sobre trabajadores desplazados respecto a su redacción actual. Las centrales creen que la normativa deja abierta la puerta a los abusos por parte de los empleadores.

Ante la votación del miércoles, la confederación sindical considera que el texto de la Directiva debe ser reforzado”. Defienden que las medidas previstas son “muy débiles. Y recelan de que las sanciones a los incumplidores “todavía no están definidas”.

Temen incluso que empresas “sin escrúpulos” se escuden en la Directiva a fin de escabullirse del pago de salarios y de otras obligaciones. Reclaman por ello una especie de blindaje para los Estados que destaquen por su “entusiasmo” al aplicar la norma. Ya que, en su opinión, la Directiva permite a la Comisión Europea forzar a estos Estado especialmente vigilantes a “moderar” su aplicación, si juzga su aplicación desproporcionada.

Temor a las subcontrataciones

Una de las mayores preocupaciones sindicales es quién asume la responsabilidad cuando existen subcontrataciones, es decir, cuando los trabajadores terminan trabajando para una empresa que a su vez presta sus servicios para otra. En estos casos, la directiva permite a los Estados miembros perseguir a todos los actores de la cadena de subcontratación cuando exista, por ejemplo, un impago de salarios u otro problema. Sin embargo, la CES cree su aplicación en estos casos de subcontratación termine atenuándose, bien por la intervención de la Comisión Europea, o bien por la Corte de Justicia europea.

Otro caso se refiere a los trabajadores llegados de fuera de la UE, contratados por una empresa radicada aquí, y que son luego trasladados a un tercer país, también de Europa. Es decir, los llamados desplazamientos intragrupos. En este caso, los sindicatos piden que los eurodiputados eviten que estos trabajadores reciban un trato distinto a sus compañeros del tajo.

El principio es igualdad de trato en el mismo lugar de trabajo, según exige la CES, tratando de orientar el voto de los eurodiputados. Es decir, los sindicatos europeos se oponen a los empleadores que contratan a trabajadores de otros lugares del mundo “con el fin de pagarles menos”.

En 2011 se produjeron unos 10.000 traslados de este tipo en los Estados miembro que aplican la Directiva (el Reino Unido ha decidido no participar). “Pero la cifra debería aumentar considerablemente si se promulga una ley europea que permita tales traslados”, alertan desde la confederación.

Grandes diferencias en costes y condiciones de trabajo

Según denuncian los sindicatos, la Directiva sobre desplazamiento de trabajadores intragrupos contiene “grandes diferencias” en materias como costes laborales y condiciones de trabajo. Unas diferencias de trato respecto a los trabajadores que son contratados localmente que casi convierten en papel mojado otras prevenciones recogidas por la norma, que aboga por igualdad en materias como salario mínimo, tiempo de trabajo y condiciones de salud y seguridad, advierten.

Un caso especial se refiere a las pensiones. “Los empleadores de trabajadores desplazados pagan los costes de jubilación y seguro tal y como se contempla en el país de origen de estos trabajadores, que casi siempre son inferiores a los que están en vigor en la UE”, denuncian.

Además, los trabajadores desplazados no tienen verdaderas garantías en cuanto a condiciones de trabajo y ventajas que se aplican a los trabajadores locales en el marco de la negociación colectiva o legislación nacional.