Cuando sólo queda una semana para que se cumpla el nuevo plazo dado por el juez de Pontevedra que instruye la entrada de concurso de acreedores de Pescanova, los movimientos se suceden para dar una solución a la compañía que evite la salida más dramática o, al menos, la más complicada. Las entidades financieras españolas (Sabadell, BBVA, Popular, Caixabank y NCG) que han liderado las negociaciones con los principales accionistas de la empresa de alimentación -la cervecera catalana Damm y el fondo Luxempart-, mantienen contactos con otros accionistas y acreedores para lograr un apoyo mayoritario a su plan para la pesquera.

En este contexto hay programados encuentros entre los acreedores y entidades como la auditora forense de la suspensión de pagos KPMG, así como con otros representantes de la empresa que no son los socios con más peso en el capital. Y es consecuencia de que las complicaciones surgidas en esta crisis, así como los enfrentamientos entre el grupo que lidera la familia Carceller con los bancos, han hecho que el pacto que se consideraba inevitable se resista.

Ya sea por las cantidades que cada parte tiene que aportar a la nueva Pescanova o por las quitas a la deuda, que la banca intenta que no supera el 70%, o por el reparto del poder en el consejo de la empresa, el caso es que la desconfianza entre Damm y los bancos está propiciando que el plan B -es decir,que los acreedores sean los máximos protagonistas- sea el que cuente con más posibilidades. No obstante, la familia Carceller y los fondos que la apoyan busca, a su vez, el apoyo de otros acreedores.

Pero en este contexto otras estrella relevante es el juez. Él puede impedir modificaciones en la propuesta de convenio de acreedores presentada por Damm al ser la segunda versión, lo que, a su vez, deja menor margen para acuerdo.

Mientras, la banca se apoya en el decreto aprobado por el Gobierno el 7 de marzo de este año que señala que acreedores financieros que sumen el 60 % de la deuda pueden paralizar la liquidación de una compañía si presentan al juez un plan de viabilidad, que incluya la conversión de deuda en capital. De nuevo, el juez tiene la palabra.