El Gobierno prevé que un 40% de los trabajadores se jubile con 67 años, otro 40% a los 65 años y que el 20% restante lo haga a edades inferiores al desarrollar ocupaciones penosas o por ser discapacitados, según ha señalado el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado.

Durante su intervención en la jornada ‘La reforma de las pensiones: oportunidad, contenido y contexto’, organizada por la Escuela de Finanzas Aplicada (AFI), Granado concretó así el impacto que tendrá la reforma sobre la edad de jubilación el día en que el Gobierno comienza los contactos formales con los Grupos Parlamentarios para lograr el visto bueno del proyecto de Ley.

Granado no escatimó en elogios para una reforma que, en su opinión, «despeja incertidumbres», especialmente en materia presupuestaria, y es «bastante suficiente». Además, aseguró que introduce la «flexibilidad» que requería el sistema, tras 50 años de «maduración».

«No parecía razonable» la falta de flexibilidad del sistema de pensiones, indicó Granado en defensa de la reforma, antes de añadir que, además, la nueva normativa aportará solvencia al sistema. «Garantiza la viabilidad del sistema de pensiones», sostuvo además Granado, quien dijo que el gasto en pensiones se situará en 2040 alrededor del 13% del PIB, en la media de la UE.

En el capítulo de insuficiencias, Granado admitió que «la pensión máxima es muy baja», con lo que aquellos que cuenten con sueldos más altos tendrán que apoyarse en planes privados para poder mantener su poder adquisitivo.

En tono más político y con la vista puesta en las negociaciones de la reforma en el Parlamento, el secretario de Estado de Seguridad Social recordó que el PP ya planteó en 2002, en pleno gobierno de José María Anzar, la necesidad de reformar el sistema de pensiones y situó la fecha límite en 2015. «No estamos señalando una situación que era desconocida», añadió.

Granado informó de que el anteproyecto de Ley ya ha sido remitido al Consejo Económico y Social (CES) y confió en poder contar con un dictamen favorable en un plazo de 15 días. Finalizado este trámite, el Gobierno trasladará el proyecto de Ley al Parlamento para que pueda ser aprobado «a mediados de año» y entrar en vigor en enero de 2013.

Por último, confió en que el Parlamento será «respetuoso» con los acuerdos del diálogo social, aunque no descartó un «ajuste fino» en el caso de las medidas más coyunturales.