Tras largos meses de negociaciones y desencuentros con el único fin de salvar a la conservera Pescanova de la liquidación, la banca acreedora ha llegado a un acuerdo en el convenio de acreedores, que ha recibido el visto bueno del juez.

El magistrado del juzgado lo Mercantil número 1 de Pontevedra, Roberto de la Cruz, ha admitido los cambios propuestos por la banca en el convenio para hacerse con el control de Pescanova, dejando fuera a Damm ni Luxempart.

En un comunicado a la CNMV, las entidades financieras que integran el denominado G7 -Sabadell, Popular, CaixBank, NGCBanco, BBVA, Bankia y UBI Banca- han reconocido 300 millones adicionales de deuda, hasta un total de 1.000 millones de euros.

La compañía ha comunicado además que los representantes de Damm y Luxempart en su consejo de administración -José Carceller (es hermano de Demetrio Carceller, presidente de la cervecera) y François Tesch, respectivamente- han presentado su «renuncia irrevocable.

Se mantiene la quita

El acuerdo, que no modifica las condiciones de quita, supone un cambio en los sujetos que prestan el apoyo financiero al convenio, que pasarán a ser así ahora las entidades financieras, mientras que José Carceller y Luxempart abandonarán el consejo en cuanto se apruebe el convenio o en su caso, si no fuera así, en el momento que se acuerde la apertura de la fase de liquidación. En este sentido, el consejo de administración de Pescanova reconoció a Damm y Luxempart, en la figura de sus consejeros (José Carceller y François Tesch), «el esfuerzo, interés y dedicación en la búsqueda de soluciones de viabilidad» para la compañía.

Propuesta definitiva

Según la propuesta, las entidades financieras asumen los términos de la oferta de financiación, con las modificaciones de que el importe del crédito supersenior queda fijado en 125 millones de euros y la supresión de la comisión por estructuración y aseguramiento.

Además, todos los acreedores que sean titulares de posiciones acreedoras bajo el tramo ‘senior’ y bajo el tramo ‘junior’ de la deuda de Pescanova resultante del convenio y de los convenios de las filiales españoles (la deuda reestructurada) tendrán derecho a participar en el crédito supersenior en proporción a su participación en la deuda reestructurada. En todo caso, el credito supersenior queda asegurado por la banca en aquella parte que pudiera ser no suscrita.

Como parte de la contraprestación del crédito supersenior, la compañía reconocerá a cada uno de los acreedores que participen en el mismo un crédito adicional por importe de 2,4 euros por cada euro comprometido, constituyendo el importe resultante (300 millones de euros) un nuevo tramo de deuda subordinada al crédito supersenior y a la deuda reestructurada.

Esta deuda subordinada se amortizará íntegramente a vencimiento, que será a 20 años desde la plena eficacia del convenio de Pescanova, y devengará un interés fijo anual del 1% si hay tesorería disponible. En caso contrario, dicho interés se devengará igualmente, si bien, en lugar de ser pagado, será capitalizado y satisfecho al vencimiento final.

Este nuevo convenio de acreedores debe recibir ahora ‘luz verde’ por parte del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Pontevedra, una vez que fue entregado este lunes por la multinacional pesquera, según informaron a Europa Press en fuentes conocedoras de la situación de la compañía.

Entre las exigencias de la banca figura la de recuperar un tercio del pasivo de Pescanova, es decir, unos 1.000 millones de euros, frente a los 700 millones de euros que figuraba en la propuesta de Damm y Luxempart.

La propuesta inicial de la banca acreedora (Sabadell, Popular, CaixaBank, Bankia, Novagalicia, BBVA y UBI Banca) para reflotar la compañía incluía también la capitalización de unos 2.000 millones de euros de deuda, lo que supondría una quita inferior al 70%.

El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Pontevedra dictó el lunes de Semana Santa una providencia en la que acordó ampliar hasta el 29 de abril el plazo para adherirse al convenio de acreedores de la pesquera con el fin de que las partes pudieran alcanzar un acuerdo para la viabilidad de la compañía.

El magistrado Roberto Cruz advirtió de que el plazo se ampliaba «en exclusiva atención a facilitar a los acreedores la posibilidad de decidir y emitir su voto sobre la única propuesta de convenio admitida a trámite». A ese respecto, el titular de la sala mercantil número 1 de Pontevedra subrayó que precisamente el hecho de que solo se haya admitido a trámite una propuesta supone la «terminante invariabilidad de ésta».