Cuando se han cumplido dos años de la aprobación de la mencionada normativa,  el manifiesto suscrito por los máximos responsables de los campus y difundido por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), demanda la revocación del Real Decreto de Medidas Urgentes de Racionalización del Gasto Público en el Ámbito Educativo, en el que se recogían una serie de recortes que, según recuerdan los rectores  “eran excepcionales y se justificaron por la coyuntura económica del momento” Los rectores exigen también la recuperación del “sentido” de la equidad en las becas y de unos precios públicos de matriculación “accesibles y razonables”.

Los rectores sostienen que ante las afirmaciones de una perspectiva de mejoría económica en España, piden la supresión de las medidas que vayan más allá de un ahorro racional y una gestión eficiente y austera, en el marco de los criterios presupuestarios que se fijen”.

Según explican, el mencionado real decreto, que modificó la Ley Orgánica de Universidades (LOU), “afectó a aspectos tan sensibles como los precios públicos y la organización de la actividad docente” y los presupuestos aprobados a partir de la misma “han afectado a los salarios, a los derechos laborales y a las expectativas profesionales de todos los empleados públicos y, por tanto, también a los de las universidades”.

En cuanto a las tasas académicas, el manifiesto reivindica que  «los precios públicos de matrícula en las universidades deben ser accesibles y razonables en todos los niveles formativos” Asimismo, “debe recuperarse el sentido de las becas y ayudas como garantes de la equidad” y “debe volver la autonomía de gestión de la actividad docente e investigadora de las universidades”.

La nueva regulación de las becas, contenida en sendos reales decreto,  se traduce, en opinión de los rectores, en que ha  cambiado “su naturaleza de derecho por la de una ayuda por la que se compite, con requisitos académicos endurecidos que sufren quienes más las necesitan”, mientras las ayudas Erasmus “han restringido también sus criterios de concesión en los últimos dos años”.

Otro campo conflictivo es el de la investigación, ya “el menor presupuesto y la secuencia de las convocatorias aplicadas por el Gobierno de España y por algunos gobiernos autonómicos han comportado un elevado recorte efectivo de consecuencias irreparables para muchos grupos de investigación”, en un “entendimiento de la I+D+i como un gasto y no como una inversión”, lo que “contrasta con la política de los países más avanzados”.

El manifiesto denuncia también la disminución de las posibilidades de acceso a la formación para los  jóvenes. “Los rectores –resalta el texto- consideramos especialmente dolorosas y difícilmente justificables, por su mínimo impacto económico, las medidas que afectan a los jóvenes. El incremento de los precios públicos de los grados y, muy por encima de ellos, el de los másteres, afecta a las posibilidades formativas de nuestros jóvenes en un momento especialmente negativo para el empleo. Además, continúa el documento, “el acceso a la profesión académica se encuentra cerrado para ellos, salvo los resquicios que dejan las insatisfactorias tasas de reposición” que “cercenan las perspectivas de los profesores universitarios en su carrera académica y minan la motivación para la mejora permanente en docencia e investigación”.

Las limitaciones contenidas en la normativa  “han provocado que las plantillas de profesores, investigadores y personal de administración y servicios se hayan llenado de figuras y plazas interinas y precarias, algunas recurridas por el propio Gobierno, que resultan inadecuadas para la función universitaria, docente, investigadora y de gestión”, recuerdan los rectores, al tiempo que señalan que “debe ser posible” que las universidades configuren ordenadamente sus plantillas, “con fórmulas de renovación y promoción ajustadas a su realidad y a su planificación estratégica”. Finalmente consideran que “debe retomarse el apoyo a la investigación y a la innovación para regresar a una senda de crecimiento, basado en el conocimiento y la especialización inteligente y sostenible, que evite la pérdida de talento y aproveche la formación proporcionada”.

Por su parte y en este contexto, el rector de la Complutense (UCM), José Carrillo,  advierte del riesgo de que la reducción de docentes ponga en peligro la supervivencia de algunos departamentos. José Carrillo, ha denunciado la “asfixia” que sufre la universidad pública por las medidas de ajuste del Gobierno central y ha comentado que su institución dispone de 300 profesores “estables” menos que hace tres años, lo que provoca en algunos departamentos dificultades tan serias que podrían acarrear su cierre en el futuro.