La investigación está bajo secreto de sumario y por el momento se ha saldado este lunes con nueve detenidos y 11 registros en Madrid y Barcelona.

   Estos supuestos pagos fueron ordenados supuestamente por un directivo de la empresa contratista, Corsán, y en la presunta trama los detenido podrían haber incurrido en los delitos de malversación de caudales públicos, cohecho y falsedad documental, entre otros, según un comunicado de este lunes de la Fiscalía Anticorrupción.

Seis de los 11 registros se han hecho en las diversas sedes sociales de la empresa en Barcelona y en Madrid, en la consultora técnica externa que asiste en la dirección de obra, en Adif, así como cinco registros en domicilios particulares de los principales implicados.

Concretamente, se investiga si directivos de la empresa se concertaron con cualificados funcionarios de Adif responsables de la obra y técnicos externos «para beneficiar económicamente a dicha mercantil en perjuicio de los fondos públicos gestionados» por Adif.

La Guardia Civil busca este lunes en los registros documentación que pueda revelar cobros de los funcionarios de Adif, pruebas «de los artificios utilizados para falsear las mediciones y disimular después el falseamiento», así como diversa documentación oficial.

Anticorrupción calcula que los implicados generaron un sobreprecio en favor de la empresa contratista de unos 6 millones de euros y sostiene que «la propia adjudicación de la obra a la contratista pudiera haber presentado irregularidades».

En enero, la delegación de la Fiscalía Anticorrupción en Barcelona presentó una querella tras una investigación de ocho meses, y ahora la causa la instruye el Juzgado de Instrucción 9 de Barcelona, cuyas actuaciones están bajo secreto de sumario.

Según han explicado a Europa Press fuentes judiciales, la investigación se originó a partir de que una empresa de la competencia puso en conocimiento de los fiscales anticorrupción de Barcelona Emilio Sánchez Ulled y Fernando Bermejo presuntas irregularidades; entre ellas, movimientos de tierra que, por su volumen, no se pudieron haber hecho en un mismo día como figuraba en la documentación.

Interior habla de «obras del AVE años atrás»

El ministro del Interior, Jorge Fernández, ha admitido este lunes que la Guardia Civil mantiene abierta una operación en Barcelona y Madrid por «cuestiones vinculadas con las obras del AVE años atrás«, aunque ha descartado aportar más datos al encontrarse el caso bajo secreto de sumario.

En rueda de prensa en Barcelona sobre la organización de la jornada electoral de las europeas, ha confirmado así que la Guardia Civil registra la sede central del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) en Madrid y sus oficinas de Barcelona, en una operación por un presunto delito de malversación de fondos en una obra del AVE en Cataluña.   «Hay operaciones simultáneamente en Madrid y Barcelona que afectarán a personas vinculadas con esas obras», se ha limitado a decir el ministro, que ha explicado que la Guardía Civil actúa en tanto que Policía judicial, y ha remarcado que no puede aportar más datos sobre la operación porque se encuentra abierta y bajo secreto de sumarios.