Fin del largo culebrón de la multimillonaria pensión reclamada en Mutua Madrileña. El Tribunal Supremo ha anulado la pretensión del expresidente de Mutua Madrileña, José María Ramírez Pomatta, de cobrar una pensión de 21 millones de euros al jubilarse. La rechaza por considerarla un «abuso de derecho», en referencia a la argucia de dimitir del cargo dos días antes de que la asamblea general de mutualistas anulara el sistema de jubilación que él mismo había auspiciado durante su mandato y que era la base para reclamar a la entidad los 21 millones.

En una sentencia de la que ha sido ponente el magistrado Ignacio Sancho Gargallo, el Supremo acepta el recurso de Mutua Madrileña y le ha dado la razón contra la pretensión de su expresidente, cuya conducta califica de «contraria a las exigencias de la buena fe y socialmente reprobable«.

«Desde la perspectiva de un observador objetivo», el Supremo destaca que la propia pensión había sido «auspiciada» por Ramírez Pomatta, que era el presidente del consejo de administración  y a quien directamente y más pronto iba a beneficiar, por lo que puede considerarse “una forma de preparar su jubilación«.

«La dimisión de Ramírez Pomatta como consejero, dos días antes de la junta general del 30 de mayo de 2008 en la que presumiblemente se iba a dejar sin efecto su derecho a cobrar una pensión multimillonaria, no solo pone en evidencia que el propósito de tal renuncia fue tratar de devengar ese derecho, al que no podría aspirar si cesaba una vez fuera aprobada la modificación estatutaria, sino que además constituye un abuso de derecho», señala el fallo del Supremo.

Ramírez Pomatta fue consejero de Mutua Madrileña desde el 22 de febrero de 1995 hasta el 28 de mayo de 2008, y asumió la presidencia en el año 2002. En 2005 el cargo de consejero pasó a ser retribuido, y además se introdujo, a iniciativa suya, un derecho a pensión vitalicia para los consejeros que hubieran desempeñado su cargo durante dos o más mandatos, siempre que hubieran permanecido en el puesto durante los últimos cinco años antes de su cese y una vez cumplidos los 65 años.

 

Advertencia de la Comisión de Auditoría

En junio de 2007, la Comisión de Auditoría del consejo de administración de Mutua Madrileña puso de manifiesto que la posible pensión del presidente podría superar los 20 millones de euros. Y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, con Ricardo Lozano al frente, también se opuso a la propuesta, al considerar que ese sistema de pensiones no era compatible con la moderación en las retribuciones que debe primar en una entidad aseguradora.

El consejo de administración de Mutua Madrileña dejó sin efecto en enero de 2008 la medida impulsada por Ramírez Pomatta. Todos los consejeros, salvo Ramírez Pomatta, renunciaron al cobro de esa jubilación.

La asamblea general de mutualistas ratificó la supresión de la pensión, por lo que Ramírez Pomatta dimitió dos días antes de que se produjera esa decisión, para poder cobrar la multimillonaria jubilación, al que tenía presumiblemente derecho si cesaba porque ya había cumplido los 65 años cuando renunció.

El Tribunal Supremo «no cuestiona» el derecho a dimitir de Ramírez Pomatta, pero subraya que «otra cosa otra cosa es que por las circunstancias en que ejercitó este derecho y el propósito que le movía, ligado a las consecuencias negativas para la Mutua, pueda advertirse un abuso de derecho”.

Por ello el Tribunal Supremo revoca la sentencia de la Audiencia de Madrid que autorizó el pago de la pensión, y repone la dictada inicialmente por un juzgado de lo Mercantil, rechazándose el derecho del ex presidente a cobrar los 21 millones de marras.