Los inspectores de seguros exigen a Economía más medios e independencia

12/05/2014

Miguel Ángel Valero. En ningún país de la Unión Europea la supervisión está inserta en la estructura de un Ministerio, recuerda Apise.

La Asociación Profesional de Inspectores de Seguros del Estado (Apise), que agrupa al 90% de todos los integrantes del Cuerpo Superior de Inspectores de Seguros del Estado, ha enviado al ministro de Economía, Luis de Guindos, una dura carta que recuerda a la que mandaron los inspectores del Banco de España a Pedro Solbes, vicepresidente económico en el Gobierno de Zapatero, y que supuso un duro mazazo para el prestigio del supervisor de la banca.

En la misiva, Apise critica la falta de medios de los supervisores en España, denunciada por el informe de la Comisión Europea “Spain – Post Programme Surveillance Spring 2014 Report” y en estudios anteriores del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Esta carencia de recursos se agrava con la implantación de Solvencia II. Esta norma “implica la imperiosa necesidad de abordar cambios sustanciales en la supervisión de los seguros privados en España, de manera análoga a los que están realizando todos los supervisores en el ámbito europeo”.

La Directiva de Solvencia II “obliga jurídicamente a que los Estados Miembros proporcionen a las autoridades de supervisión los medios necesarios para que éstas dispongan de los expertos, la capacidad y el mandato pertinentes para alcanzar el objetivo principal de la supervisión”. Pero, como subrayan en Apise, “el nuevo marco de supervisión otorga a las aseguradoras una práctica libertad total en aspectos como las inversiones, lo cual exige un nuevo enfoque de supervisión”.

Los inspectores de seguros reprochan a De Guindos que Economía no haya adoptado “hasta la fecha ni una sola medida estructural”, a diferencia de “nuestros homólogos europeos y nacionales”. “No existe un plan director de adaptación del supervisor a Solvencia II, ni un estudio serio sobre los recursos necesarios de cara al nuevo marco; solamente una constatación por los profesionales que trabajan en la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, y de los inspectores de seguros en particular, que con los medios existentes y con la nula previsión sobre los necesarios, no se va a poder hacer frente a los compromisos que la legislación comunitaria exige”, señala la carta de Apise al ministro.

“Si no se adoptan las medidas precisas, la solvencia de las entidades aseguradoras puede quedar fuera de control”, argumentan los inspectores de seguros. Además, “la imposibilidad de dar trámite a las previsibles solicitudes por parte de las entidades aseguradora pueden acarrearles costes importantes y falta de competitividad con sus homólogas europeas, que como no puede ser de otra manera tendrán su traslación a los ciudadanos en forma de aumentos de precios”, insisten.

“Esta dejación de funciones por parte del Ministerio de Economía y Competitividad no puede ampararse en necesidades o limitaciones presupuestarias, porque existen instrumentos y medidas para paliar estas deficiencias que carecen de coste presupuestario y que sólo requieren un ejercicio de voluntad política para ponerlas en marcha”, subraya la carta de Apise.

 

Incumplimiento electoral

Los inspectores de seguros recuerdan al ministro de Economía que la última evaluación del FMI, realizada en 2012, puso de manifiesto una serie de deficiencias tales como el incumplimiento de principios básicos de supervisión y la falta de independencia del supervisor de seguros en España, lo que constituye una excepción frente al resto de supervisores financieros de la OCDE.

También echan en cara a Luis de Guindos (que no es militante del PP) que el programa electoral de 2011 con el que este partido llegó al poder incluía el compromiso de reformar “las funciones y estructura de los organismos reguladores financieros en España para que se vuelvan a colocar a la altura de los más altos estándares internacionales”. Ahora, el Gobierno, “contra toda lógica, consolida un modelo deficiente y contrario a los estándares internacionales, que adolece de una serie de defectos graves”.

Apise critica que se le ha dejado “injustificada y deliberadamente al margen de la Junta Consultiva” de Seguros, “a pesar de haber solicitado formalmente su consideración como profesionales conocedores de la materia y responsables en buena medida de que hasta el momento el sector asegurador haya capeado distintas crisis sin que se hayan producido quiebras o pérdidas significativas para los españoles, en los más de 100 años de su actividad”.

“Los Inspectores de Seguros del Estado ven en Solvencia II la oportunidad de mejorar la supervisión de los seguros, de defender mejor los intereses de los asegurados y de entrar en un diálogo constructivo con las entidades aseguradoras españolas para una gestión más eficiente”, resalta la carta de Apise al ministro de Economía.

“Sin embargo, nos resulta imposible llevar a cabo nuestra función si, a diferencia del resto de estados europeos, no existe una reflexión razonada y eficiente de medios y fines por parte del Ministerio para afrontar esta situación, de forma que la supervisión disponga de los recursos suficientes para controlar la solvencia de las entidades de acuerdo con la nueva regulación”, termina la carta.

 

Responsabilidad patrimonial

En un documento anexo, Apise señala que en ningún país de la Unión Europea la supervisión del seguro está inserta en la estructura de un Ministerio, como sucede en España. “Somos los únicos supervisores en España que incumplen este principio de independencia: CNMV y Banco de España lo cumplen”.

Sobre Solvencia II, Apise denuncia que “no se ha establecido un calendario interno de implantación, adecuando estrategias a tiempos de actuación; no se ha adecuado la estructura interna a la nueva forma de supervisión; no se han creado equipos multidisciplinares que desarrollen las tareas nuevas que se van a exigir; no se ha formado al personal en relación con las nuevas herramientas, si es que existen, que van a tener que utilizar”.

Apise concluye que “la falta de una supervisión adecuada del sector seguros pone en peligro el ahorro de los ciudadanos”. Y que “la dejación de funciones por parte del Ministerio de Economía puede acarrear peticiones de responsabilidad patrimonial”.

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