La Audiencia Nacional ha iniciado el lunes 19 de mayo el juicio contra cuatro exdirectivos de Caixa Penedés, acusados de haberse adjudicado pensiones por 31,6 millones mediante pólizas que contrataron a espaldas de los órganos de control de la entidad. Es la primera vista judicial contra los gestores de las cajas, y está previsto que se prolongue durante toda esta semana y buena parte de la siguiente.

Los responsables de la quiebra de otras dos entidades, la CAM (que terminó absorbida por el Banco Sabadell) y Novacaixagalicia (adjudicada al banco Etcheverría, controlado por el grupo venezolano Banesco), se sentarán pronto en el banquillo de los acusados.

La Fiscalía pide tres años y medio de cárcel para el exdirector general, Ricard Pagès, a quien considera el cerebro de una estrategia para obtener una “desproporcionada ganancia patrimonial” a costa de la entidad, integrada en BMN y cuyo negocio fue vendido posteriormente al Banco Sabadell. Y solicita tres años para los exdirectivos Manuel Troyano, Santiago José Abella y Joan Caellas. Además, reclama a los tres que devuelvan las cantidades percibidas fraudulentamente y que se les inhabilite para el ejercicio de cargos directivos en el sector financiero.

Según el escrito de conclusiones provisionales del fiscal, los exdirectivos, junto al ya fallecido responsable de Recursos Humanos Jaume Jorba, contrataron «a espaldas de los máximos órganos colegiados de la caja» pólizas de seguro por valor de más de 31,6 millones que cobrarían en caso de abandonar sus puestos.

«Jugada redonda»

Pagès, aprovechando su poder «omnímodo», diseñó una estrategia a largo plazo destinada a garantizarse a él y a sus más cercanos colaboradores una «desproporcionada ganancia patrimonial» a costa de la entidad, pensada para el momento en que pudieran cesar en sus puestos de trabajo «por cualquier motivo». La «jugada» que planearon era «redonda», ya que los acusados iban a ser propuestos como miembros del consejo de administración del grupo BMN, un cargo que no está retribuido y que exigía que cesaran en sus funciones de directivos. Así, los acusados se apresuraron a modificar sus contratos de trabajo y a blindar sus pólizas con las compañías AXA y Zurich para que cuando cesaran en sus cargos pudieran beneficiarse de las indemnizaciones previstas en los seguros.

De acuerdo con las pólizas contratadas, Pagès tenía derecho a cobrar 11,6 millones de euros; Abella, 5,7 millones; Jorba, 3,3 millones; Troyano, 6,16 millones; y Caellas, 4,8 millones. Pero los dos últimos fueron despedidos  y no pudieron cobrar cantidad alguna de las pólizas. Por ello, la fiscalía, que les acusa de apropiación indebida y de administración desleal, solicita que Pagès indemnice a Caixa Penedès con 10,73 millones de euros, que es la cuantía que llegó a percibir, mientras que reclama a Abella los 1,89 millones cobrados desde 2007.

Operaciones «legales»

El exdirector general adjunto de Caixa Penedès Santiago José Abella ha defendido en el juicio que las jubilaciones millonarias que se otorgaron de forma presuntamente irregular «eran legales» y ha agregado que si no hubieran suscrito las pólizas de seguro y los planes de pensiones por los que se les garantizaron ingresos de 31,6 millones de euros «se hubiera incurrido en una discriminación» respecto a los demás trabajadores de la entidad

Abella, el primero de los exdirectivos juzgados que ha prestado declaración ante el juez central de instrucción José María Vázquez Honrubia, ha explicado que su contrato de alta dirección en la caja, firmado en 1996, contemplaba que tenía derecho a la jubilación voluntaria a partir de los 60 años. «Decía con total claridad que tenía derecho a prejubilarme y que cobraría el 90% de mi retribución fija hasta los 65 años», ha dicho. Hiizo uso de este derecho en enero de 2007, cuando tenía 61 años. «Desde entonces estoy felizmente jubilado», ha explicado.

En enero de 2001 el consejo de administración de la caja estableció la externalización parcial de los servicios por pensiones de los que disfrutaban sus trabajadores siguiendo el criterio adoptado por una comisión negociadora creada a ese efecto. Esta comisión fue la encargada de diseñar el nuevo sistema y en ella se decidió que las jubilaciones se cubrirían con un fondo de pensiones y el exceso de salario pensionable se cubriría con una póliza de seguros. Este sistema, pensado en un inicio para los empleados comunes, fue el que adoptó también l alta dirección.

«El personal laboral común cobraba del fondo de pensiones y de la póliza. No consolidar los derechos de los directivos de la misma forma hubiera supuesto que hubiera personas en la caja con todos los derechos y otras, nosotros cuatro, con sólo un trozo», argumenta.