La detención de varios funcionarios del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) y la investigación de los contratos de las obras de construcción de determinados tramos de la línea de alta velocidad ferroviaria Madrid-Barcelona ha extendido en las últimas semanas la sombra de sospecha sobre el coste final de las obras y sobre el trato de favor a algunas constructoras participantes.

Tras las detenciones y registros practicados el lunes 5 de mayo por la Guardia Civil por orden de la Fiscalía Anticorrupción en dependencias de Adif, el Ministerio de Fomento hizo público que el sobrecoste de las obras del AVE Madrid-Barcelona podría rondar los 8.000 millones de euros.

El asunto ha puesto patas arriba el sector constructor, ya que a la detención de varios funcionarios de Adif swe añade la de un directivo de la constructora Isolux Corsán. La Fiscalía Anticorrupción les atribuye una trama delictiva para hinchar los contratos de obras de algunos de los tramos del AVE. Los funcionarios de Adif recibían presuntamente viajes y determinados favores por parte de la constructora.

Pero el nombre de Isolux Corsan no es el único al que presuntamente se relaciona en las investigaciones. La firma de ingeniería Inocsa también podría haber recibido presuntamente más dinero del convenido en el contrato y otro de los grandes grupos constructores españoles, OHL, está siendo investigado por el Tribunal de Cuentas a propósito del supuesto sobrecoste en la construcción de determinados tramos del AVE Madrid-Barcelona.

El cruce de fuego continúa y el propio presidente del Grupo OHL, Juan Miguel Villar-Mir ha descargado la responsabilidad del sobrecoste de uno de los tramos que se le adjudicó tanto en Adif como en su competidora Sacyr, a la que se encargaron las obras de finalización del tramo de entrada a Barcelona cuando se detectaron deficiencias que obligaron a parar las obras.

Conexiones con Bárcenas y Gúrtel   

Tanto OHL como Sacyr se han visto señaladas, por otra parte, en el famoso caso Bárcenas”, que investiga las donaciones de algunas compañías, sobre todo constructoras, al Partido Popular, a cambio, presuntamente, de haber sido beneficiadas con contratos públicos. No son las únicas, ya que en la lista figuran más de una docena entre las que también figuran Sando, Licuas, Azvi, Bruesa, Aldesa, FCC y Constructora Hispánica (ésta última ahora denominada Assignia e integrada en el Grupo Essentium).

Precisamente Essentium, a través de Hispánica, y FCC forman parte de la Unión Temporal de Empresas (UTE), encargada de construir los túneles de la variante de Pajares de la línea de alta velocidad Madrid-Gijón. Dichas obras, que han visto disparado su coste de 1.700 milllones a casi 3.330 millones de euros, están paradas a causa de las deficiencias técnicas detectadas a causa de la filtración de agua en los túneles.

A principios de este año la Fiscalía de Asturias abrió diligencias en relación a este sobrecoste de las obras de la variante a raíz de una denuncia de Manos Limpias tras constatarse un desvío en el presupuesto de las obras de más de 1.300 millones de euros.

Precisamente, la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha solicitado a Manos Limpias que concrete y amplíe su denuncia contra los sucesivos ministros de Fomento de los gobiernos que se han sucedido desde 2003 hasta la actualidad (Francisco Álvarez-Cascos, Magdalena Álvarez, José Blanco, y la actual titular de la cartera, Ana Pastor)

Se da la circunstancia de que tanto Magdalena Álvarez como José Blanco, miembros de los sucesivos gobiernos presididos por José Luis Rodríguez Zapatero, se han visto afectados por las recientes noticias sobre los sobrecostes de algunos de los tramos del AVE Madrid-Barcelona, si bien el propio Blanco ha trasladado la responsabilidad a su antecesora en el cargo, Magdalena Álvarez.

Se da igualmente la coincidencia de que Blanco, presuntamente convenció, según informaciones publicadas hace unas semanas, al constructor Alfonso García Pozuelo para que vendiera su compañía, Constructora Hispánica al Grupo Essentium. Dicha compañía no sólo participa en la UTE que ejecuta las obras de la Variante de Pajares sino que también está involucrada en los casos Gürtel y Bárcenas, en los que la justicia investiga presuntas donaciones al PP a cambio de contratos.