El banco suizo Credit Suisse se ha declarado culpable de un cargo criminal por ayudar a ciudadanos estadounidenses a evadir impuestos –mediante asesoramiento financiero– y tendrá que pagar más de 2.500 millones de dólares (unos 1.824 millones de euros) como parte de un acuerdo con las autoridades estadounidenses, según ha informado el fiscal general de Estados Unidos, Eric Holder.

   Los fiscales estadounidenses habían acusado penalmente a Credit Suisse y a dos de sus filiales por ayudar a los clientes a engañar a las autoridades fiscales de Estados Unidos mediante la ocultación de activos en cuentas bancarias, no declaradas ilegales, en una conspiración que duró décadas.

   Credit Suisse pagará sanciones financieras ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el Servicio de Impuestos Internos, la Reserva Federal y el Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York para resolver los cargos. Previamente, había pagado 200 millones de dólares (unos 146 millones de euros) a la Comisión de Bolsa y Valores.

   «Este caso demuestra que ninguna institución financiera, sin importar su tamaño o alcance global, está por encima de la ley», ha advertido Holder en una conferencia de prensa. En cualquier caso, el Departamento de Servicios Financieros de Nueva York ha anunciado que no revocará la licencia del banco en el estado.

   Por su parte, el presidente ejecutivo de Credit Suisse, Brady Dougan, ha afirmado –a través de un comunicado– que la compañía «lamenta profundamente el mal comportamiento pasado» que ha conducido a este acuerdo. Asimismo, asegura que no han visto ningún impacto significativo sobre su negocio tres conocerse este asunto.

   El banco suizo, que tiene un gran negocio gestionando el dinero de los clientes ricos, les ayudó a retirar dinero de sus cuentas no declaradas, proporcionando dinero en efectivo en mano o mediante el uso de las cuentas bancarias de Credit Suisse en el país norteamericano, según ha explicado el Departamento de Justicia.

   Las autoridades estadounidenses han evitado a menudo emitir condenas penales contra instituciones financieras por temor a que la firma fuese a la quiebra, con el resultado de pérdida de empleos de personas que no tenían nada que ver con el crimen cometido o por el hecho de que se pudiese poner en peligro el sistema financiero.