La famosa “amnistía fiscal” de 2012 permanece en el terreno político como uno de esos senderos que se resisten a desaparecer entre la maleza. Los socialistas no se cansan de sacar el mapa y señalar el atajo cada vez que tienen oportunidad. Y así les va. “Sigan, sigan con ese discurso político, que ahí tienen el resultado”, les dijo el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en el primer pleno del Congreso tras las elecciones del domingo, de las que salieron más trasquilados que el PP, pues perdieron 9 eurodiputados frente a 8 de los conservadores. Respondía Montoro al enfático portavoz del PSOE en la materia, Pedro Saura, quien se mostró partidario de publicar la lista de “amnistiados” y, de paso, se interesó por “el tercer hombre”, no identificado, del complejo Gurtel-Bárcenas, con cuentas en Suiza. El ministro repitió: “No hubo amnistía fiscal, sino una declaración extraordinaria”, y dijo que los nombres los conocen los inspectores, que son quienes deben conocerlos para conocer el fraude.

El profesor Montoro, a quien algunos, como Felipe González, llaman “tontoro”, y otros, como el socialista Manuel Pezzi, piden que actúe con la grandeza de un hombre de Estado y renuncie a la nocividad contra Andalucía, se podía haber quedado en el secreto del sumario fiscal, pero se explayó en elogios a su recto y estupendo proceder, del que se derivó, según recordó, una recaudación extraordinaria de 1.200 millones de euros y afloraron 40.000 millones evadidos. Incluso la hacienda catalana, dijo, se ha beneficiado del descubrimiento de 4.000 patrimonios, que no es grano de anís para la Generalitat. Aunque el ministro no mencionó la materia, ya es sabido que la reforma fiscal que trae entre manos permitirá publicar los nombres de los defraudadores, aunque sólo si son judicialmente procesados y condenados.

La sesión de control, sin la presencia de Mariano Rajoy Brey y de Alfredo Pérez Rubalcaba, quedó en segundo plano ante el interés suscitado por la sucesión del secretario general del PSOE en el Congreso extraordinario que ha convocado para el 19 y 20 de julio. El diputado vasco y secretario general del grupo socialista, Eduardo Madina, y el madrileño Pedro Sánchez, coautor de la ponencia económica en la conferencia programática, atrajeron el interés de los informadores con sus declaraciones proclives a ejercer el liderazgo del partido, siempre y cuando se permita a los militantes ejercer la democracia directa para elegir al secretario general. Este método haría innecesarias las elecciones primarias para elegir candidato a la presidencia del Gobierno, en las que podrían votar todos los ciudadanos que deseasen hacerlo, previa inscripción y suscripción de un compromiso ético, así como el pago de dos euros. La solución la dará el Comité Federal y algunos opinan que se podría optar por el modelo PNV, con una dirección de bajo perfil, con Patxi López al frente, y un candidato elegido en primarias.

Pero el interés por los cabildeos de los socialistas fue compatible con las respuestas de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y del ministro Alberto Ruiz Gallardón a la portavoz socialista, Soraya Rodríguez, y a la diputada de UPyD, Irene Lozano, respectivamente, en el sentido de que la jurisdicción universal anulada por el PP mediante una enmienda a la ley del Consejo del Poder Judicial era una castaña que no servía para nada. Y además nos creaba problemas en las relaciones económicas y comerciales con China y con los amigos norteamericanos. Esto no lo dijeron directamente, pero se deduce de las quejas que alentaron la reforma con carácter retroactivo. Por mucho que se quejen los magistrados de la Audiencia Nacional, lo cierto es que, según les restregó Gallardón, sólo han podido juzgar y condenar a un ciudadano argentino (en referencia al militar torturador Adolfo Stilingo), “y eso porque le beneficiaba más la ley española que la de su país”, aclaró el ministro.

Por su parte, la vicepresidenta se esforzó en distinguir entre “la jurisdicción y la impunidad”. “Lo que ha hecho el Gobierno es clarificar la jurisdicción y ordenarla del mismo modo que en Francia, Alemania, Italia y otros países de nuestro entorno”, dijo antes de leer una declaración del senador socialista Arcadio Díaz Tejera, muy conocido en su casa a la hora de comer, contra el “neocolonialismo judicial”. Sobre la alarma social derivada de la excarcelación de 43 narcotraficantes, miembros de los grandes cárteles de la droga, detenidos en alta mar y amparados por la supresión retroactiva de la jurisdicción internacional, la vicepresidenta del Gobierno prefirió callar, si bien, el ministro Gallardón dijo que está a la espera de lo que el Tribunal Supremo pueda dictar. Podía haber pospuesto la polémica reforma hasta que sus señorías dictaminaran, pero la impunidad de los grandes narcos, como la de los grandes defraudares, pudo más. Si ellos pueden, Podemos.