El informe, hecho público este martes y titulado “Tanto tienes ¿Tanto pagas?” «Fiscalidad justa para una sociedad más equitativa», pone en evidencia, según la ONG, «la gigantesca inequidad del sistema fiscal español, que lejos de reducir las desigualdades, las incrementa».

El trabajo, presentado en rueda de prensa por el director general de la ONG, José María Vera, la responsable de Investigaciones, Teresa Cavero, y el presidente de GESTHA, Carlos Cruzado, pone de manifiesto con datos de 2011 que en España se «beneficia sistemáticamente» a las grandes empresas y no se cumple la máxima «tanto tienes, tanto ganas».

Así, ofrece como datos que las familias aportaron un 91,52% de la recaudación de 2011 (último años del que existen datos desagregados), mientras que las grandes empresas sólo contribuyeron en un 1,98% a la recaudación total del Estado en ese mismo período. Es decir, que las familias aportaron 46 veces más que las grandes corporaciones.

En 2012 (últimos datos disponibles pero no desagregados por tipos de empresas) la tendencia se mantiene: los ciudadanos españoles aportaron al Estado 139.737 millones de euros, lo que supone el 90,76% de los ingresos totales del Estado. Sin embargo, en el mismo ejercicio, tan solo el 9,24% de lo recaudado provino del conjunto de las empresas, con un total de 14.529 millones.

Un sistema fiscal más justo

Para dar un vuelco a esta situación Intermón Oxfam propone establecer un sistema fiscal más justo, que permita garantizar los derechos sociales y reducir la desigualdad económica.

Para ello propone como medidas gravar más a los que más tienen; elevar el tipo efectivo que pagan las grandes empresas; suprimir las Empresas de Tenencias de Valores (ETVE), que han convertido a España en un auténtico paraíso fiscal para muchas empresas extranjeras; recuperar el impuesto a las grandes fortunas; frenar la subida del IVA; blindar las cotizaciones sociales y destinar más recursos humanos y materiales a la lucha contra el fraude.

Según José María Vera, director general de Oxfam Intermón “el tremendo incremento de los niveles de desigualdad económica en nuestro país desde el inicio de la crisis lastra las posibilidades de crecimiento económico y el consumo y son moralmente inaceptables porque impiden la igualdad de oportunidades y el cumplimiento de los derechos sociales».

«Es imperativo -continúa- que nuestro país deje de ser el segundo más desigual de Europa y para ello es clave una política fiscal justa y equitativa, que recaude más de quién más tiene. El sistema tributario no es sólo una herramienta de recaudación, sino también de redistribución de la riqueza y de lucha contra la pobreza”.

“España recauda poco y mal y desde el inicio de la crisis ha pedido un esfuerzo titánico a las familias y las clases medias -añade Vera-. Mientras, permitimos que las grandes empresas se embolsen miles de millones de euros en beneficios fiscales, que podrían financiar las políticas sociales y la cooperación al desarrollo con países más necesitados que están siendo recortadas en nuestro país”.

Según destaca el informe de la ONG, desde 2007, el tipo general del Impuesto sobre Sociedades es del 30% para las grandes empresas y del 25% para las PYMES. Sin embargo, el tipo efectivo que soportan (es decir, lo que realmente pagan sobre sus beneficios) es muy inferior.

Exenciones y beneficios

«Gracias a la aplicación de exenciones y a mecanismos de planificación fiscal, en 2011 los grupos consolidados de grandes empresas pagaron de media un 3,5% sobre su resultado contable, y cerca del 17% los grupos no consolidados y las PYMES. En ambos casos -añade Intermon Oxfam- muy por debajo del 22% que soporta un ciudadano medio (26% si se incluyen las cotizaciones sociales). En 2011 las pequeñas y medianas empresas (PYMES) aportaron el 76% de la recaudación por Impuesto de Sociedades a pesar de que su volumen de beneficios fue 32 veces menor que el de las grandes empresas».

El informe resalta que los beneficios fiscales concedidos a las empresas en 2011 ascendieron a un total de 28.210 millones de euros, lo que equivale al presupuesto para Educación de todas las comunidades autónomas excepto Andalucía. Y que el 80% de dicha cifra correspondió a las grandes empresas. Es decir, que obtuvieron ventajas fiscales de 22.687 millones en un ejercicio en el que solo abonaron 3.012 millones en impuesto de sociedades (menos de 7,5 veces la cantidad ‘perdonada’ por Hacienda).

Oxfam Intermon considera que «también es evidente la necesidad de asignar más recursos humanos y materiales para impulsar un gran programa de lucha contra la evasión y elusión fiscal, que se estima cuesta al Estado cada año cerca de 59.500 millones de euros, más que el presupuesto para Sanidad destinado por todas las comunidades autónomas administración central juntas (57.000 millones)».

«Del total del fraude fiscal, los Técnicos de Hacienda calculan -añade- que el 72% (43.000 millones de euros) corresponden a grandes empresas y fortunas. Esta cantidad supone una cifra mayor que el destinado en los Presupuestos Generales del Estado al pago de la deuda pública (36.600 millones)».

Otra de las medidas propuestas por la ONG es la supresión de las ETVE, que permiten a multinacionales extranjeras radicadas en España no pagar impuestos por los beneficios obtenidos en el extranjero, pero sí recibir ayudas y rebajas fiscales aquí por sus supuestas pérdidas. Un mecanismo que coloca a España como auténtico paraíso fiscal.

“El Gobierno tiene ante sí una oportunidad única para reformar el sistema fiscal estableciendo un sistema que recaude con justicia para blindar los derechos sociales, luchar contra la pobreza y la desigualdad y recuperar la solidaridad internacional”, añade el director general de Oxfam Intermón.

En definitiva, Oxfam Intermón considera que la reforma fiscal en la que trabaja el Gobierno es una oportunidad para avanzar en un sistema «que ponga en el centro a las personas y no a los tradicionalmente privilegiados» y ofrece una batería de medidas para promover que la fiscalidad se utilice al servicio de la lucha contra la desigualdad, conscientes de que es posible y países como Austria, Finlandia o Dinamarca así lo han demostrado.

Objetivos clave

Esta batería de medidas tienen como finalidad tres objetivos clave:

-Recaudar y redistribuir: debe incrementarse la capacidad recaudatoria para financiar un modelo de servicios públicos y protección social de calidad, sin que el esfuerzo recaiga injustamente sobre los que menos tienen.

-Progresividad y Equidad: que empresas e individuos tributen en función de su capacidad y de su actividad económica real.

-“Tolerancia cero” al fraude fiscal: a través de medidas que combatan la opacidad de los sistemas fiscales y la impunidad de los grandes evasores tanto en el ámbito doméstico como en el internacional.

Coincidiendo con el lanzamiento del informe, Oxfam Intermón han lanzado también una campaña de movilización ciudadana «por una fiscalidad justa y equitativa».

El presidente de Oxfam llamó también la atención sobre la «esquizofrenia» que, afirma, se da en el FMI, donde «el sector de estudios acepta que la desigualdad es un lastre para el desarrollo y apunta en una dirección para avanzar en la lucha contra ella (…) pero las unidades de país se aferran a una fuerte ortodoxia», apostando por medidas «que se ha demostrado que no funcionan».