Convergència i Unió (CiU) ha registrado en el Congreso una proposición no de ley con la que pide al Gobierno que en la reforma fiscal que aprobará en las próximas semanas introduzca unos mínimos exentos familiares y personales del IRPF que tengan en cuenta el coste de la vida de cada territorio, de modo que no se «sobregrave» a los ciudadanos que viven en comunidades autónomas donde la cesta de la compra o la vivienda son más caras.

En la iniciativa  que será debatida en el Pleno de la Cámara Baja, los nacionalistas catalanes recuerdan que la capacidad adquisitiva de trabajadores y pensionistas no es la misma, a similar sueldo, en los diferentes territorios del país.

Y es que la cesta de la compra, el alquiler de la vivienda o servicios como las residencias de la tercera edad tienen precios muy dispares, de hasta el 12% en el caso de los productos básicos de consumo, según datos de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) que se citan en la proposición, o incluso el doble o el triple en el caso de la vivienda.

«Las diferencias entre comunidades son considerables», insiste CiU, que lamenta que las estadísticas oficiales de los índices de precios al consumo no reflejen esa diferencia sino únicamente la variación temporal de los precios que tiene lugar en cada región.

Afecta a la redistribución de la riqueza

A esta falta de cifras oficiales y de reconocimiento de la diferencia del coste de la vida entre las diferentes comunidades autónomas se suma también el efecto de los impuestos, sobre todo el de la renta, que se aplica de forma progresiva en función de los ingresos de los ciudadanos.

Así, «en los territorios que tienen el coste de la vida más elevado, lo habitual es que también haya unos salarios más elevados», lo que provoca «una nueva inequidad» que ya «salarios y rentas con idéntica paridad de compra tributan por cuantías muy diferentes». «De nuevo el diferente coste de la vida de cada territorio quiebra la pretendida justicia y equidad que debería tener el sistema fiscal», afirma la formación.

Por eso, CiU quiere que el Ejecutivo aproveche la próxima reforma fiscal integral, que previsiblemente se aprobará en el Consejo de Ministros del 13 de junio, para «corregir los mínimos personales y familiares exentos y las rentas gravadas» en el IRPF en función del «coste de la vida de cada territorio», con el objetivo de «evitar aplicar un sobregravamen a aquellos contribuyentes domiciliados en los territorios con un coste de la vida superior a la media estatal».