El documento de conclusiones sobre las posibles responsabilidades derivadas de la actuación y gestión de las entidades financieras y vulneración de derechos de consumidores, elaborado por la comisión de investigación del Parlamento catalán, pide más competencias a la Generalitat y a las autoridades estatales para controlar mejor las entidades financieras y proteger los derechos del consumidor. Las conclusiones se remitirán a la Fiscalía General del Estado para que ésta decida si quiere incorporar esta información a los procesos judiciales abiertos.

Los gestores de las cajas catalanas y la falta de control del Gobierno y los organismos reguladores son los grandes responsables señalados por las conclusiones, que eximen a la Generalitat de cualquier responsabilidad pese a que el gobierno catalán dispone de competencias de tutela del sistema financiero. De este modo, el documento aprobado libera al gobierno catalán del desplome del sistema de cajas sosteniendo que el Banco de España “no puso límites” a la exposición inmobiliaria de la mayoría de cajas catalanas, si no que “aconsejó a diversas entidades que la llevaran a cabo”, y tampoco impuso un límite para los créditos a promotores.

También critica el “retraso considerable” del Gobierno en intervenir en el sistema financiero desde el estallido de la crisis, así como la delicada lectura del Banco de España sobre la situación del sistema financiero español durante la burbuja inmobiliaria o bien su falta de control del riesgo de las entidades. Incide, además, en que las cajas con consejos de administración “formados por personas con escasa formación en materia financiera” y con directores generales que ostentaban el “control efectivo” de la entidad y que optaron por una política de crédito “poco prudente” son el motivo del desplome del modelo de cajas catalanas, que ha hecho que Cataluña no tenga ninguna en la actualidad, a excepción de CaixaBank. La desaparición de las diez cajas existentes ha afectado a centenares de miles de familias con productos de préstamos y ahorro que en algunos casos, según denuncia el informe, “podrían haber visto vulnerados colectivamente los derechos de los consumidores”.

Un año para las conclusiones

Más de noventa comparecientes durante aproximadamente un año, han tratado el ámbito de la desaparición de las cajas de ahorros, la venta de preferentes y deuda subordinada, las hipotecas con condiciones abusivas y los desahucios, entre otros temas. De este modo se han podido extraer las conclusiones del informe entre las que destaca la propuesta de la comisión para reforzar los mecanismos de supervisión del funcionamiento de las entidades financieras, desde la separación entre el departamento de riesgos y el comercial, hasta los incentivos para los empleados.

Otra de las medidas que reclama el informe es aceptar el arbitraje por preferentes y otros productos similares por debajo de los 6.000 euros de inversión, y que el sistema judicial incremente los recursos para tratar este tipo de casos. Asimismo, plantea la inclusión de cláusulas que obliguen al compromiso social en los procesos de reestructuración de entidades con ayudas públicas. Entre las conclusiones también se ha incluido el apoyo de todos los partidos –excepto PP, que ha votado en contra— a la reprobación de la negativa a comparecer de la mayoría de representantes del Gobierno central citados a la comisión, ya que no tenían obligación legal de hacerlo.

Otra de las iniciativas incluidas en el informe de las conclusiones es la de “promover la creación de una banca pública de ámbito catalán” para ayudar al desarrollo económico y social de Cataluña, guiada por los criterios de sostenibilidad, compromiso cívico, eficiencia y prudencia en la gestión del riesgo financiero con el objetivo de permitir la capitalización adecuada de las pymes catalanas y la internalización de las empresas junto con entidades como el Banco Europeo de Inversiones. Las conclusiones se aprobarán la semana que viene por el pleno en el Parlamento catalán.

Las reacciones

Ferran Falcó, diputado de CiU en el Parlamento, ha defendido que “el Parlamento ha sido un escaparate y ha mostrado a los máximos responsables de la desaparición del sistema de cajas” y a la vez ha hecho una función de “altavoz de la gente afectada por la colocación de participaciones preferentes o por la comercialización de hipotecas sin suficiente garantías”. Por otra parte, Falcó ha asegurado que las conclusiones deben servir para “garantizar los derechos de los consumidores y un mejor control de la gobernanza de las entidades financieras”. En este sentido, el diputado de CiU ha indicado que la Comisión permite determinar responsabilidades de la desaparición del modelo catalán de cajas y ha sentenciado que “los gestores, el boom inmobiliario, los supervisores, el Banco de España y la codicia son las razones de la desaparición”.

El diputado de C’s, Jordi Cañas, ha explicado vía comunicado a los medios de comunicación, que su partido pedirá a la Fiscalía que investigue a los presidentes, directivos y ejecutivos, así como a los consejos de administración de las cajas de ahorro catalanas, ya que considera que todos ellos «son los máximos responsables de la quiebra de estas entidades», y ha recordado que estos cargos fueron designados por responsables políticos y que deben ser investigados.