El Ministerio de Industria está acelerando las reformas que tiene pendientes en el sector energético. Si bien existen aspectos por desarrollar en el área eléctrica, su objetivo actual está focalizado a que la del sector gasista pueda llevarse al Consejo de Ministros en julio, para que entre en vigor al próximo 1 de enero, según ha confirmado esta semana el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal.
Las medidas tendrán como principal objetivo evitar que el incipiente déficit del sistema -cuando los ingresos no cubren los costes reconocidos a los activos regulados- pueda convertirse en un problema de mayores dimensiones. Todos los afectados, pero especialmente las empresas, intentan que, en ningún caso, se establezca un paralelismo con el déficit del sistema eléctrico. No sólo por las cifras que se barajan -el eléctrico se eleva ya a unos 30.000 millones de euros, frente a menos de 1.000 millones en el gas-, sino también porque los mecanismos por los que se producen los ‘agujeros’ en un área y en otra son diferentes.
Después de que las empresas, también Enagás, como gestor del sistema, han trabajado con el ministerio especialmente en los aspectos técnicos, las decisiones quedan en manos del Ejecutivo, y más en lo que se refiere a los asuntos económicos, es decir, al recorte de la remuneración de las actividades reguladas, así como de los informas de l a Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC)- que trabaja en la previsible evolución de la demanda-.
Los cambios afectarán a la distribución y transporte, y a activos como la red y las plantas de regasificación, entre otros, con una reducción de la retribución que estará en el entorno del 6%, y que se combinaría con un aumento de los peajes.
Si siempre se dice que estas remodelaciones llegan en momentos delicados, del actual no se puede decir menos. Las compañías quieren crecer, no sólo en el exterior en el contexto de la crisis de Europa del Este, sino también en el mercado interno. Uno de sus argumentos tiene, sin duda, peso: mientras la electricidad es un sector maduro, el gas está aún por extenderse por gran parte del país. «Necesitamos apoyo para crecer», se señala.
Aunque ese factor es cierto, también lo es que la sobredimensión en algunas infraestructuras por el exceso de inversiones y por la reducción del consumo, en especial el destinado a las centrales de ciclo combinado, con una capacidad que sólo es utilizada en una media del 20%. Relacionado con esta realidad está, asimismo, la retribución que la normativa de la reforma del sistema gasista fije para los activos de transporte que suministran gas a las citadas centrales que,en una parte sustancial, pueden ser «hibernadas».
Si bien el tema central es Castor. El almacenamiento de gas situado en el Mediterráneo, frente a las costas de Castellón y Tarragona, será cerrado, ya sea de forma provisional o definitiva. El informe de instituto geológico que relaciona los seismos de la zona con el almacén impide que la infraestructura entre en funcionamiento a corto plazo, por más que el proceso se alargue a la espera de informes adicionales. Y es que para entre en actividad sería necesario completar el llenado, algo que, según medios consultados, no se va a producir.

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