A los sindicatos no les gusta nada la reforma fiscal esbozada por el Gobierno, y cuya aprobación se espera para las próximas semanas. CCOO y UGT, las dos centrales mayoritarias, creen que la bajada del impuesto de sociedades apuntada por Rajoy insiste en un mecanismo impositivo que tildan de “injusto”, por regresivo e ineficaz. Creen además que el Ejecutivo, aunque lo niega, se verá obligado a subir la carga fiscal indirecta, como el IVA, que grava el consumo sin tener en cuenta el nivel de renta. Por ello piden al Gobierno medidas que cierren la puerta a la opción de que las empresas se rebajen cada año la factura fiscal. Y, finalmente, advierten que una reducción del tipo impositivo hasta el 25% premia tan solo a las grandes firmas.

“La rebaja del impuesto de sociedades solo beneficiará a las empresas de mayor tamaño”, advierte Carlos Bravo, responsable de CCOO. El Ejecutivo ha avanzado que su reforma afectará exclusivamente a las empresas que facturen más de 10 millones de euros. Es decir, las grandes empresas. Lo peor es que el Ejecutivo está además obligado a esquivar una pérdida de recaudación, tal y como exige Bruselas, en su afán por cuadrar las cuentas públicas. Por eso, CCOO cree que los ciudadanos serán los más perjudicados de la rebaja impositiva. Aventuran que el Ejecutivo cargará sobre los asalariados esa parte de la carga que ahora soportan las grandes empresas con nuevas subidas del IVA y de otros impuestos indirectos. “La reforma supone reducir el principio de progresividad que debe reflejar un sistema tributario moderno”, zanja Bravo.

Rajoy niega la subida del IVA

Sin embargo, el presidente del Gobierno ha desmentido que su reforma fiscal incluya una subida del IVA. Según avanzó Rajoy, el Gobierno se propone rebajar del 30% al 25% el impuesto de sociedades al que tributan las grandes empresas (las pequeñas ya pagan un 25%). La reducción se hará en dos fases, la primera de las cuales entrará en vigor a partir del 1 de enero. Se pretende además procurar un trato homogéneo a las rentas internacionales de las empresas, simplificar el impuesto y acercar el tipo nominal y el efectivo.

Sin embargo, muchos desconfían de las palabras del presidente. Para empezar, Bruselas considera prioritaria la reducción del déficit. Para la Comisión Europa, el Gobierno debe, eso sí, bajar la carga fiscal y social de las empresas, es decir, reducir tanto el impuesto de sociedades como las cuotas que las empresas pagan a la Seguridad Social. Hasta el punto de que Bruselas, en sus recomendaciones, que serán discutidas en el Consejo Europeo los próximos 26 y 27 de junio, urge a España a aprobar una reforma fiscal ya en 2014. Pero no olvida su prioridad respecto al déficit, y pide que se traslade la carga fiscal sobre el trabajo hacia los impuestos indirectos que gravan el consumo (IVA e impuestos especiales), los hidrocarburos y los inmuebles. Respecto a las cuotas, se reclama rebajar los pagos especialmente en empleos con salarios reducidos.

Los empresarios, a la expectativa

Por su parte, los empresarios españoles no se han pronunciado aún sobre los detalles de la reforma fiscal esbozados por el Gobierno. Tan solo su vicepresidente y presidente de la patronal madrileña Ceim, Arturo Fernández, ha afirmado que la reforma debe orientarse a mejorar la competitividad de las empresas. Y pidió a su vez “rebajar la elevada carga fiscal que soportan los contribuyentes españoles”. Finalmente, también señaló la necesidad de que la economía española reduzca su alto grado de apalancamiento, o sea deuda, a fin de conseguir que la financiación fluya de nuevo hacia empresas y familias.

¿Y cuál es la alternativa? Para CCOO, la reforma debe eliminar todos los atajos que las empresas utilizan para reducir su factura con el fisco. Para ello proponen recortar las deducciones y las distintas figuras (correcciones, bonificaciones…) que sirven para reducir el importe final del impuesto. Además se deben limitar otras medidas como los llamados créditos fiscales; por ejemplo, reduciendo el numero de ejercicios durante los cuales se puede compensar pérdidas a 4 años frente a los 18 años actuales. Por último también piden restringir la posibilidad de deducirse gastos financieros que tienen las empresas y que estimulan su endeudamiento.

Mientras tanto, UGT, el otro gran sindicato, también se ha pronunciado en contra de los planes de reforma fiscal avanzados por el Gobierno. Recientemente, su secretario general, Cándido Méndez, tildó de “regresiva” la reducción del impuesto de sociedades avanzado por el Gobierno. En su opinión, el Ejecutivo, en lugar de subirlo, debe proceder a rebajar el IVA en los productos de primera necesidad. Y, en líneas generales, propiciar una redistribución “más equitativa” de la carga fiscal. Para el sindicato, en España, son los asalariados los que aguantan el mayor peso del edificio fiscal.