En un comunicado, Gestha ha considerado que estas actividades deberían perseguirse penalmente como hasta ahora, sobre todo cuando la prostitución implica la inmigración ilegal, el tráfico de personas y su explotación sexual por redes criminales algo que, según los expertos en la materia, es la práctica mayoritaria.

El secretario general de Gestha, José María Mollinedo, ha señalado que no se deben buscar ingresos a cualquier precio, sino que se debe intensificar la lucha contra el fraude fiscal, poniendo el foco en los ámbitos que concentran la mayor parte de la evasión, que son las grandes empresas y patrimonios y que sólo concentran el 20% de los esfuerzos de la Agencia Tributaria.

Por otro lado, han rechazado también la propuesta de elevar el umbral para considerar delito fiscal a 600.000 euros para la suma de cuotas defraudadas. De hecho, han reclamado que se considere delictiva la evasión desde los 50.000 euros defraudados por impuesto y año.

Según Gestha, la propuesta de los inspectores supondría un aliciente para cometer fraude fiscal, ya que, de llevarse adelante, la suma de tres fraudes de 150.000 euros anuales no llegaría al umbral de 600.000 euros, por lo que no existiría delito donde actualmente hay tres.

Además, los técnicos no creen que esta medida sea la más adecuada para aliviar la saturación de los juzgados y tribunales penales y que existen otras opciones más eficaces, como la dotación de más jueces y personal y la simplificación procesal.

Igualmene, advierten de que si se aprobara una reforma de este tipo, se aplicaría con carácter retroactivo, incluso en el caso de sentencia firme, lo que provocaría que los condenados por delitos fiscales inferiores a 600.000 euros fueran absueltos y que percibieran las cuantías pagadas en concepto de multas, ya que en estos casos siempre se aplica la normativa más favorable.

Además, la modificación de los inspectores implicaría cambios en investigaciones polémicas que se están tramitando actualmente, como el caso Noós y las supuestas donaciones en B que afectan a partidos políticos. «Ninguno de estos supuestos fraudes sería delito con la reforma de los inspectores», señala Gestha.