Por más que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy Brey, se esforzase en demostrar una normalidad democrática nunca vista en la ratificación parlamentaria de la abdicación del rey Juan Carlos I, cuyos 39 años de reinado han sido la octava maravilla del mundo mundial, los socialistas, los izquierdistas más o menos plurales y los nacionalistas vascos, catalanes, gallegos y canarios, dedicaron sus monólogos a poner de manifiesto los males del reino, en absoluto imputables a un rey constitucional que no gobierna, sino al Gobierno propiamente dicho. Para Rajoy, la abdicación de don Juan Carlos en su hijo varón Felipe VI solo era un trámite, “un cambio de página del mismo libro” escrito en 1978 y titulado Constitución. Para los demás es mucho más.

No hubo debate abdicatorio ni sucesorio en la sesión del miércoles, 11 de junio, santa Adelaida en el calendario zaragozano, porque los grupos mayoritarios decidieron que la telegráfica ley, en la que el rey “abdica la Corona”, sin decir en quién, no admitía enmienda. Pero en la fijación de posiciones de cada portavoz aparecieron dos tesis muy claras: la de quienes creen que los nuevos tiempos, marcados por la crisis institucional, política, económica y territorial reclaman con urgencia una reforma constitucional que concite un nuevo consenso, y la de quienes reclaman una consulta a los ciudadanos sobre Monarquía o República como forma de Estado.

Rajoy y el PP se colocaron entre los dinásticos inmovilistas. Puede que la dinastía se merezca el discurso plano, de veinte minutos, que pronunció el jefe del Ejecutivo, gracias al cual podemos saber que Felipe VI está muy bien preparado para asumir la jefatura del Estado, pues lleva cuatro décadas de preparación a su espalda. Pero la política y la ciudadanía se merecían algo más. El también dinástico Alfredo Pérez Rubalcaba subrayó al menos la necesidad de reformar la Carta Magna para dar impulso a una configuración federal del Estado que reconociendo la pluralidad de las regiones y nacionalidades facilite un reinado sin tensiones al coronable. La formulación del secretario general saliente del PSOE fue bien acogida por los portavoces de CiU, Josep Antoni Durán i Lleida, que hoy por hoy sigue siendo una de las cabezas más brillantes del parlamentarismo, y del PNV, Aitor Esteban. También Rosa Díez se sumó a la necesidad de la reforma constitucional.

Si los vascos del PNV no se sintieron partícipes del pacto constitucional que en 1978 anegó en una abstención del 70% el refrendo de la Carta Magna y, por tanto, de la Monarquía, servida como pieza inamovible de la herencia franquista junto con la titularidad de la propiedad, la judicatura y el Ejército como columna vertebral de la Patria, ahora sería menester un nuevo consenso, según dijo Esteban. Si los catalanes se sintieron parte y arte del consenso, la cadena de agravios que enunció Durán ha periclitado, según el término de Miquel Roca i Junjent, la historia en común. Cierto es que el monarca no tiene mayor responsabilidad en la materia, pues no parece que el recurso de inconstitucionalidad contra un Estatut refrendado por los catalanes, haya sido obra suya, sino de Rajoy y sus manejos del Tribunal Constitucional, pero se comprenderá la desafección hacia la política del Reino. Y en todo caso se admitirá la necesidad de enmienda.

Si la impavidez de Rajoy se puede explicar como una respuesta aceptable a quienes desde la izquierda del PSOE solicitaron un referendo para que los ciudadanos decidan entre Monarquía o República –más de 22 de los 34,5 millones de electores no votaron la Constitución–, su silencio ante las demandas reformistas acentuó la impresión de que este hombre no quiere líos, ningún lío, ni siquiera los que ha creado.