Comisiones Obreras (CCOO) solicitará la ejecución provisional de la sentencia que anula el expediente de regulación de empleo (ERE) planteado por Coca-Cola Iberian Partners. El sindicato confía en que los jueces se pronuncien en “breve plazo” y obliguen a la marca a readmitir a los 1.190 trabajadores despedidos, según exige la sentencia de la Audiencia Nacional conocida el viernes. El sindicato considera que, con esta decisión, los magistrados devuelven a los trabajadores los derechos arrebatados por la última reforma laboral del Partido Popular.

CCOO llamó a la marca a recomponer las relaciones laborales rotas después de que Coca-Cola Iberian Partners planteara un ERE extintivo que implicaba el cierre de cuatro plantas embotelladoras en España. Con el expediente, la marca pretendía reorganizar su actividad en España, tras la fusión de sus diferentes embotelladoras en una sola empresa.

Aunque la marca ha anunciado que recurrirá ante el Tribunal Supremo, el sindicato confía en que los jueces de la Audiencia Nacional ordenarán la ejecución provisional de la sentencia conocida el viernes, que implica la readmisión y el pago de salarios no percibidos de los trabajadores despedidos. “Estamos hablando de una vulneración de derechos fundamentales. No cabe duda de que se va a estimar”, afirmó el secretario de acción sindical de la rama agroalimentaria de CCOO, Vicente Canet.

Los jueces de la Audiencia Nacional estimaron la demanda presentada por CCOO, UGT y CSI-F, y anularon el despido colectivo al entender que la marca vulneró derechos fundamentales de los trabajadores. En concreto, los magistrados de la Sala de lo Social apreciaron mala fe de la empresa al ocultar a los trabajadores información relevante a la hora de negociar, relativa a la forma del grupo empresarial. También condenaron a la marca por impedir a los trabajadores negociar de forma colectiva, reservando su oferta real a la aceptación individual. Finalmente, el embotellador también vulneró, según los jueces, el derecho a la huelga al realizar prácticas de esquirolaje, reduciendo así los efectos del paro.

Enmienda a la reforma laboral

El sindicato considera además que esta sentencia devuelve a los trabajadores algunos derechos que la reforma laboral del Partido Popular cercenó en 2012. “Coca-Cola ha sido la expresión de la codicia llevada a su máxima expresión”, criticó el responsable de comunicación de la confederación sindical, Fernando Lezcano, quien juzga “inadmisible” la pretensión de la marca de aumentar sus beneficios “a costa de las vidas de los trabajadores que trabajan allí”.

La ejecución provisional de la sentencia supone la readmisión de un número indeterminado de trabajadores. El sindicato exige la reapertura de la planta de Fuenlabrada, que sigue “operativa”, aunque cerrada, al igual que otros tres centros del embotellador distribuidos por la geografía española.

Las centrales pedirán la readmisión de 236 despedidos forzosos. Sin embargo, el resto de casos hasta completar los 1.190 afectados, tendrán que ser estudiados “uno a uno”, aseguran en las mismas fuentes. Se da por hecho que algunos trabajadores renunciarán a la readmisión. Pero habrá otra parte de la plantilla que, aun habiéndose acogido al ERE, exijan ahora la readmisión a pesar de que fueron recolocados, planteando ahora la vuelta a su antiguo puesto de trabajo.

El sindicato considera que la sentencia que anula el despido colectivo en Coca-Cola es una victoria contra la reforma laboral del Gobierno. Y enmarcan esta batalla dentro de la defensa de 200 sindicalistas encausados en el marco de movilizaciones sindicales desde 2010. En este sentido, los máximos líderes de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, y UGT, Cándido Méndez, presentarán el próximo 26 de junio una campaña en defensa de los sindicalistas encausados, según anunciaron hoy en las mismas fuentes.

Por su parte, Juan Carlos Asenjo, del comité de empresa de la planta de Fuenlabrada, afirmó que el sentimiento en la plantilla de la fábrica madrileña es de “alegría y satisfacción”. “Sabíamos que teníamos dos responsabilidades. Una con nosotros mismos. Y otra con el resto de trabajadores, para impedir que Coca-Cola sentara un precedente que pudieran seguir el resto de multinacionales que operan en el país”, ha afirmado.