La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado que el padre del futbolista brasileño Neymar declare como testigo en la causa en la que se investiga su fichaje por el Fútbol Club Barcelona, al que se imputa un delito fiscal por dejar de abonar al menos 9,1 millones de euros a Hacienda.

Así consta en un escrito remitido al juez Pablo Ruz, instructor del procedimiento, en el que el fiscal José Perals rechaza pedir la imputación del actual presidente del Barça, Josep Maria Bartomeu, y el vicepresidente económico, Javier Faus, «a la espera de las diligencias acordadas» para el próximo 22 de julio, día en el que declarará el expresidente de la entidad Sandro Rosell y el representante legal del club, Antoni Rossich.

El representante del Ministerio Público quiere que el padre del jugador, Neymar Da Silva Santos, aporte las facturas del año 2013 correspondientes al 5 por ciento de comisión sobre los ingresos fijos y variables del futbolista y de la sociedad que le representaba, N&N, que se derivó del contrato de representación y gestión que se firmó en Barcelona el 3 de junio de 2013.

Informe sobre las cuentas

Perals también supedita la imputación de los dos directivos del Barça a una serie de diligencias que solicita en su escrito, entre las que se encuentra la designación de un perito que se encargará de realizar un informe sobre las cuentas del club relativas a los años en los que se procedió a pagar la remuneración y los contratos derivados del fichaje de Neymar. El experto también deberá indicar si estos pagos se incluyeron en las cuentas oficiales y, si no se hizo así, «el perjuicio económico» que esta decisión ocasionó al club.

De igual modo, el fiscal pide que el Barça detalle al juez quiénes eran los administradores de hecho y de derecho de la entidad entre los años 2011 y 2013, cuando se llevó a cabo el fichaje, y que aporte los estatutos del club que estaban vigentes en el momento del traspaso.

Finalmente, reclama el acta de la Asamblea General de la entidad que se celebró el 5 de octubre de 2013, en la que se abordó el traspaso, y que otro perito designado por el Juzgado Central de Instrucción número 5 proceda a grabar en CD y unir a las actuaciones el vídeo correspondiente a esta reunión, que está colgado en internet.

Supuesto fraude

Ruz citó como imputados a Rosell y al representante legal del Barça tras recibir un informe de la Agencia Tributaria que señalaba que la entidad habría dejado de abonar al menos 9,1 millones de euros en relación con el Impuesto sobre la Renta de los No Residentes (IRNR) y el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

En concreto, el organismo tributario señalaba que el delito de fraude fiscal, que el Barça habría cometido al no tributar por pagos por valor de 37,9 millones que se incluyeron en los contratos que la entidad suscribió en 2011 y 2013, ascendería a 2,4 millones en el primer ejercicio y 6,7 millones en el segundo.

Además, los técnicos constatan una posible defraudación de otros 2,6 millones de euros correspondiente al ejercicio de 2014, «sin perjuicio de las salvedades consignadas en el informe respecto de este último importe así como de las obligaciones de retención y rentas devengadas adicionales que pudieran derivarse del análisis de las retribuciones pendientes de verificación».

«Ingeniería financiera»

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 investiga el fichaje de Neymar desde el 22 de enero pasado, día en el que admitió a trámite una querella presentada por el socio del Barça Jordi Cases contra el entonces presidente de la entidad Sandro Rosell, quien se vio obligado a presentar su dimisión un día después.

El pasado 23 de febrero la Junta Directiva del Barça acordó por unanimidad presentar una declaración complementaria a Hacienda por la que pagaba 13.550.830,56 euros, a fin de «saldar cualquier posible deuda» derivada de esta operación.

La Fiscalía sostiene que las transacciones económicas que sustentaron el fichaje de Neymar se basaron en «contratos simulados» y operaciones de «ingeniería financiera» que no respondían a la realidad y con las que se pretendía «cometer el engaño» a la Hacienda Pública.