Después de las críticas surgidas, finalmente, el consejo de administración de Caja Madrid ha decidido finalizar, no renovar y no reconocer, el derecho de cobro el plan de incentivos a largo plazo de 25 millones previsto para diez miembros de la alta dirección de la entidad durante el periodo 2007-2010. Una decisión tomada por unanimidad contra el programa elaborado por su anterior presidente, Miguel Blesa, además de que no será renovado y tampoco se reconoce el derecho al incentivo para ser acreedor de dicho bonus.

El máximo órgano de dirección de la entidad que preside Rodrigo Rato ha justificado estados decisiones porque Caja Madrid ha recibido ayudas públicas (4.465 millones de euros), gracias a las cuales ha sido posible la fusión de esta entidad con Bancaja y otras cinco cajas regionales. Y a ello se suma que la legislación europea en esta materia, aún no vigente en España, que lo imposibilita expresamente.

En este sentido, el Consejo de Estabilidad Financiera comunitario recomendó diferir al menos el 50% de los bonus en el tiempo y vincularlos a más variables (solvencia, capital…) y no solo referenciados a los beneficios, con el objetivo de corroborar que las decisiones de los gestores no han supuesto la asunción de riesgos excesivos a medio plazo. En caso de que no se cumplan estas variables, la entidad puede retirar a los ejecutivos los derechos de los bonus. De momento, el Gobierno y el Banco de España no han adoptado una decisión de cómo trasladar esta normativa comunitaria a la legislación española, por lo que el consejo de Caja Madrid se ha adelantado a la futura norma.

De esta forma, el consejo de Caja Madrid ha acallado de cuajo todas las críticas en tres días. Se hizo pública la existencia de estos bonus el pasado viernes, en que se decidió aplazar su pago, y este lunes se zanjó la cuestión definitivamente con su supresión definitiva.

Cabe recordar que el plan de bonus de Caja Madrid fue diseñado en 2006 por su entonces presidente, Miguel Blesa,  y su equipo. Dicho bonus se concibió como un complemento a la jubilación, que se cobraría a través de una póliza de seguro. Casualmente, el propio Blesa (que en el momento de ser destituido ya cobró una indemnización de 2,8 millones de euros), era uno de los diez directivos entre quienes se debían repartir esos 25 millones de euros.

El consejo de Caja Madrid ha tenido en cuenta que en los cuatro años transcurridos desde que se aprobó el polémico programa, la entidad ha pasado de tener cerca de 1.000 millones de euros de beneficios (en 2006) a 256 millones (en 2010) como consecuencia de la crisis y la exposición al sector inmobiliario en que se encuentra la caja madrileña.

Rato y su equipo quieren empezar con buen pie la nueva etapa de la entidad, que ya forma parte de un Sistema Institucional de Protección (SIP), que ha acabado en la constitución del Banco Financiero y de Ahorros, junto con las otras seis cajas fusionadas. Precisamente esta fusión les obliga a caminar con paso firme, dado que algunas de las entidades que forman parte de esta operación han resultado ser de las más expuestas al “ladrillo”.  A ello se suma que, de momento, todavía no cuentan con el 8% de capital básico (core capital) exigido por el Gobierno para evitar ser controladas por el Estado a partir del próximo mes de septiembre.

Así las cosas, no está la entidad para repartir ningún bonus más aún cuando necesita más dinero para recapitalizarse y cumplir los requisitos de core capital. En este caso, no vale “esconderse” en los desembolsos multmillonarios realizados por algunos bancos británicos o estadunidenses intervenidos por sus respectivos Estados.

Polémica política

La vinculación política de las cajas continúa todavía dando sus últimos coletazos. Dado el actual incumplimiento de “core capital” que se exigirá en septiembre a todas las entidades, el consejero de Presidencia de Madrid, Francisco Granados, este mismo lunes se apresuró a advertir al Ejecutivo de Rodríguez Zapatero que “no caiga en la tentación de vender Caja Madrid a un amigo”.

Granados  ha subrayado que “Caja Madrid no tiene dueño” y que, en todo caso, sus dueños son los madrileños, por lo que cualquier acción que suponga un “menoscabo del derecho” de la entidad tendrá en contra al Gobierno regional de Esperanza Aguirre.

En cuanto al plan de bonus, Granados ya se había mostrado en contra de su pago, antes de que el consejo de la entidad adoptar la decisión de suprimirlo, considerando que sería “inmoral” de haberse producido.