Aunque la política está plagada de paradojas, conviene anotar por su dimensión histórica la que se registró el lunes, 23 de junio, día de San Juan, en el primer acto parlamentario oficial tras la proclamación del nuevo rey Felipe VI, pues consistió, paradójicamente, en un homenaje y la dedicación de una sala del Congreso al general Prim, que en 1868 proclamó La Gloriosa al gritó: “¡Abajo los Borbones!” Aun siendo monárquico, aquel liberal catalán nacido en Reus hace doscientos años, aquel Juan Prim y Prats que ajustó las cuentas al Sultán de Marruecos en Castillejos y se apoderó de Tetuán, repitió por sus muertos que “los Borbones jamás, jamás, jamás”.

Ya se sabe que a Prim lo mataron en la calle del Turco, que ahora se llama del Marqués de Cubas, cuando salía del Congreso la tarde del 27 de diciembre de 1970. Nevaba mucho. Los asesinos se acercaron a la calesa en la que se dirigía al palacio de Vistahermosa, en Cibeles, actual sede del cuartel general del Ejército, y abrieron fuego con sus trabucos por los dos costados del carruaje. Prim murió el 30 de diciembre al mismo tiempo que Amadeo de Saboya, elegido nuevo rey por 191 votos favorables de las Cortes, llegaba a la capital para hacerse cargo de la Corona con el nombre de Amadeo I. Duró menos que un caramelo en la puerta de un colegio y no consta que gozara de fuero después del breve reinado que dio paso a la I República.

Más allá del paradójico homenaje al histórico enemigo de la dinastía reinante –por cierto, la sala restaurada que lleva su nombre está en la zona noble, la segunda planta del Palacio del Congreso, y albergó los debates constitucionales de 1978–, la semana parlamentaria está marcada por esa coda de la abdicación que consistente en aforar, a toda prisa, al rey abdicado y a su esposa para que no tengan que responder ni en lo civil ni en lo penal a las demandas judiciales en la vía ordinaria.

El PP presentó el viernes la “enmienda Juan Carlos” a la primera ley orgánica que encontró a mano en el Congreso y que no tiene nada que ver con la Monarquía, pues se refiere a la aplicación de la reforma administrativa a los funcionarios de justicia. Para evitar dilaciones, el presidente de la Comisión de Justicia, Alfredo Prada, reunió el martes a sus señorías e incorporó el texto del fuero regio. El PP votó a favor y el PSOE se abstuvo por razones de forma. Los demás grupos votaron en contra. Pero eso no quita que el jueves se apruebe en el pleno y pase al Senado, que lo aprobará cuanto antes.

A partir de ahí, las dos demandas de paternidad planteadas por otros tantos hijos naturales del rey abdicado y sobre las que debía pronunciarse la Audiencia Provincial de Madrid pasarán automáticamente al Tribunal Supremo, cuyas decisiones son inapelables y nadie duda de que las rechazará, dejando sin efecto la reclamación de la herencia. ¿Acaso alguien cree que, visto lo visto, el Supremo podría someter al exjefe del Estado a las pruebas de ADN para determinar su paternidad? Tampoco hay duda de que el Supremo, cuyas tarifas son elevadísimas, desestimará las denuncias que con argumentos políticos siguen colocando a Juan Carlos detrás del golpe de Estado frustrado del 23 de febrero de 1981. En este caso, la eventual querella choca además con la “inviolabilidad” absoluta del rey durante su mandato.

Los portavoces de las minorías nacionalistas y también los de UPyD y la Izquierda Plural se han esforzado en denunciar el procedimiento urgentísimo del trámite en una ley ajena a la materia –asunto en el que el PSOE ha coincidido–, y tachan de inconstitucional el aforamiento de unos ciudadanos que ya no ocupan cargo público alguno. El Gobierno y el PP –también el PSOE, que asumió el paquete completo de la abdicación y la sucesión– ya habían previsto las protestas ante la chapuza legislativa y por eso han justificado el aforamiento “por especiales razones de dignidad”. La preservación y protección de la dignidad humana es un derecho de todas las personas, cuya vulneración en España ha provocado las grandes marchas que concluyeron el 22 de marzo pasado en Madrid y ha generado manifestaciones el sábado pasado ante los parlamentos autonómicos.

En mera protesta verbal podía haber quedado el asunto, máxime cuando las minorías no suman los 50 diputados necesarios para recurrir al Constitucional, si no hubiese sido porque el mismísimo Felipe González ha criticado la actitud “incomprensible” del PSOE, y porque Mariano Rajoy ha acusado a los diputados de la oposición de no querer para el rey padre el fuero del que ellos gozan. La respuesta a González ha sido sencilla: en sus doce años de gobierno no tuvo tiempo de desarrollar el título segundo de la Constitución. Y en los ocho de Zapatero, tampoco. La Corona era intocable. Y en esas seguían cuando Su Majestad se hartó de reinar. La réplica a Rajoy es más sencilla: los diputados son aforados mientras dura su mandato, no antes ni después, y solamente en el orden penal como protección frente a querellas espurias provocadas por el odio político.

Con todo, Rajoy se ha pillado los dedos y ha abierto un debate que IU y otros grupos están dispuestos a promover: la supresión del fuero y la igualdad real de todos los ciudadanos ante la ley con independencia del cargo que ocupen y la función pública que desempeñen. Es verdad que si, según la Constitución, “la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey”, resultaría paradójico que en nombre del rey se sentenciara al rey. Pero como decía al principio, la política está llena de paradojas y mayores paradojas hemos de ver.