José Manuel Soria ha señalado que «hay una financiación del Banco Europeo de Inversión y con otros inversores por importe de 1.400 millones y si fuese aceptada la renuncia que ha pedido ACS hay que actuar de acuerdo con lo que se establece en el decreto de 2008 que prevé que en el caso de renuncia tiene que haber una indemnización por el valor residual de la inversión», ha explicado Soria en una entrevista en COPE recogida por Europa Press.

El ministro ha recordado que el Ejecutivo que preside Mariano Rajoy declaró la lesividad del citado decreto y que el Supremo rechazó, por lo que «no hay otra opción que aceptar ese pronunciamiento».

Ha mencionado además que a lo largo de estos dos años el Ejecutivo ha reducido la remuneración que se había aprobado para este almacenamiento y que ha establecido la obligatoriedad de que antes de tener la apertura definitiva hubiese una apertura provisional, mientras que posteriormente se ordenó «suspender la actividad cuando empezaron a detectarse movimientos sísmicos».