La crisis de las centrales de ciclo combinado, que se mantiene como uno de los temas pendientes de la reforma del sector eléctrico, pero también con ramificaciones en la del gas, se ha agudizado en los últimos meses. Pese a un pequeño repunte de su utilización en recientes semanas, el nivel medio del uso de la capacidad instalada está por debajo del 10%.

La solución apunta a la hibernación de una parte de estos activos, pero en ese principio es en lo único que coniciden las partes protagonistas: las compañías eléctricas y el Ministerio de Industria. Las compañías no quieren que haya límites en este proceso, además de que se quieren asegurar una retribución que asegure los costes fijos y los variables paa asegurar el mantenimiento de las centrales.

Por su parte, los responsables de la política energética temen que un cierre masivo de potencia instalada puede traducirse en algún momento en problemas de suministro. Las centralea a gas aseguran la producción necesaria cuando la falta de viento reduce drásticamente la aportación de las plantas eólicas. Sin bien, de cara a las compañías propietarias -que son en primer lugar Gas Natural e Iberdrola- mantienen que en España hay un exceso de potencia instalada.

Sr ha visto ademas en casos como la negativa a Iberdrola a cerrar una centrale en Cádiz. La  responsabilidad recae en Red Eléctrica de España (REE), pero las condiciones las tiene que fijar Industria en la normativa pendiente.

También influye en la nueva regulación del sector gasista, que está condicionada en gran parte por el tratamiento que se establezca para el almacenamiento de gas de Castor, quue pasará asimimso a ser un activo fantasma, pero que por la elevada inversión que habrá que indemnizan condicionará la rebaja de la retribución a los activos regulados, por más de que se hable de que se les garantiza una «rentabilidad razonable». También tendrán que ser remunerados las inversiones que se han hecho en el transporte de gas a los cinclos combinados.