Las cooperativas de crédito y las cajas rurales, que suponen el 7% del sistema financiero nacional, tienen mucho peso en determinadas zonas del Estado español. Sobre todo, en comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular (PP), como la Comunidad Valenciana, Aragón o Extremadura. El mundo rural es un granero de votos para el PP y se acercan las elecciones autonómicas y locales. Después del batacazo del PP en las elecciones europeas, los ‘barones’ regionales no quieren que la reforma de las cajas rurales impulsada por el ministro de Economía, Luis de Guindos, provoque nuevas fugas de votos o abstenciones.

El primer paso lo ha dado Extremadura, donde el PP gobierna gracias a los votos de Izquierda Unida. La nueva ley autonómica de cajas rurales da todo el poder a la Junta de Extremadura y regula que «todas las operaciones de fusión, integración u absorción” entre estas entidades deben contar con la autorización del Consejo de Gobierno regional, previo informe del Banco de España.
Algo que no ha gustado nada ni en el Gobierno ni en el Banco de España porque va en contra de la exigencia de la Unión Europea de reducir el peso autonómico en las entidades financieras.
Pero José Antonio Monago, presidente de la Junta de Extremadura y una de las voces más críticas del PP, no está dispuesto a ceder. Ya lo demostró al romper el sistema institucional de protección (SIP) de la Rural de Extremadura con las rurales de Córdoba y del Sur, que terminaron fusionándose entre sí. La Rural de Extremadura se ha quedado sola, ya que tampoco salió adelante su ‘matrimonio’ con la Rural de Almendralejo, más pequeña pero mucho más rentable e integrada en el grupo Solventia.
El discurso oficial, tanto del Ministerio de Economía como del Banco de España, es tranquilizador: la reforma de las cooperativas de crédito, una recomendación, casi una exigencia, del Fondo Monetario Internacional y de la Comisión Europea, no “cuestionará las señas de identidad” de estas entidades financieras.
Pero en las comunidades autónomas gobernadas por el PP los cambios no gustan nada, y menos después de ver cómo han perdido prácticamente todo el poder en las cajas de ahorros. De momento, han conseguido frenar la reforma impulsada por el Ministerio de Economía, con Luis de Guindos centrado en lograr la presidencia del Eurogrupo.
En la Comunidad Valenciana, el coordinador de Política Local del Grupo Parlamentario del PP en las Corts, Fernando Giner, deja muy claro que “hemos pedido al Gobierno de la Nación que “apoye y respete la esencia y la tradición de las cooperativas de crédito, ya que representan un servicio esencial en la dinamización de las economías locales”. Recuerda que las cooperativas de crédito de la región supone el 48% del total (31, de las que ocho se mantienen independientes, sobre 65): “Estamos hablando de que prácticamente la mitad de estas entidades están en nuestro territorio, y los datos confirman que las mismas cumplen un papel esencial en pequeñas localidades permitiendo la competencia del sector, evitando la exclusión financiera de las zonas rurales poco habitadas y teniendo, además, una gestión económica responsable que no ha necesitado la aportación de recursos públicos exteriores”.
Las cooperativas de crédito tienen en la Comunidad Valenciana un peso del 12,35% en depósitos (cinco puntos más que la cuota de mercado nacional) y del 9% en créditos (tres puntos más).
La Universitat de Valencia encabeza un movimiento de presión para impedir que la reforma de las cooperativas de crédito termine convirtiéndolas en bancos. “La bancarización de las cooperativas de crédito supondrá su desaparición y la consolidación de un modelo de banca comercial de grandes dimensiones, lo que derivará en un sector bancario fuertemente concentrado y un mercado oligopolístico dominado por seis grandes bancos”, se señala en el manifiesto impulsado por la Universidad y que cuenta con el respaldo de numerosas entidades locales y sociales.
Otra autonomía muy activa en la defensa del ‘status quo’ de las cajas rurales es Castilla y León. El consejero de Economía y Empleo de la Junta, Tomás Villanueva, reclama que en el nuevo marco para las cooperativas de crédito debe “prevalecer y mantener su estilo” y su “forma de hacer las cosas”.

Las organizaciones agrarias, en contra

El cooperativismo agrario, muy desarrollado en la Comunidad Valenciana, teme que la bancarización de las cajas rurales dificulte su desarrollo. Y lo mismo se piensa en otras organizaciones agrarias. UAGA recuerda que las cajas rurales, dedicadas preferentemente a la financiación del mundo rural, son entidades con más de cien años de antigüedad, que nacieron directamente vinculadas a las necesidades de financiación de los agricultores y ganaderos, como respuesta a los problemas que encontraban para financiarse con la banca tradicional.
“Estas entidades también han sido las responsables de financiar las actividades industriales y de servicios de las micropymes locales, siempre desde un ámbito local y con un fuerte arraigo al territorio. Sus niveles de solvencia, eficiencia y rentabilidad son superiores a los de la banca privada y, con independencia, de su tamaño han demostrado ser entidades viables y solventes desde el punto de vista económico, y que además están resistiendo muy bien la crisis económica y financiera actual, ya que ninguna de ellas ha tenido que ser rescatada . Pero, además, han contribuido de manera significativa a generar beneficios sociales, contribuyendo a través de sus fondos de educación y promoción al crecimiento y desarrollo de los territorios en los que actúan”, argumentan en esta organización.
En la misma línea, otras organizaciones subrayan que la “bancarización” de las cooperativas de crédito supondría un grave perjuicio para el sector agrario y el medio rural, ya que aportan unos servicios financieros que no son ofrecidos por otras entidades.
La Comisión de Cajas Rurales de Comfia-CCOO recuerda que “ninguna cooperativa de crédito ha necesitado recurrir a las ayudas del Frob” y subraya que la reforma del sector viene impuesta por la Unión Europea.
“Los que trabajamos en cajas rurales, sabemos del esfuerzo añadido que supone competir con inferioridad de medios (herramientas de trabajo, productos y condiciones de negocio) con la competencia, percibiendo a su vez por la realización de un mismo trabajo unos salarios menores de los que reciben en banca y en el casi extinto sector de ahorro. Aun así, las cajas rurales, han llegado a cuotas de mercado impensables para sus competidores en el sector financiero”, señalan en el sindicato.
La Federación de Servicios de UGT “manifiesta su preocupación porque desde algunas instancias del Gobierno se está promoviendo a realizar un proceso de bancarización de las cajas rurales, como ya se hizo con las cajas de ahorros”. “Las cajas rurales son, actualmente, entidades cooperativas viables, con proyección social y cumplen una función de actividad financiera que permite la vertebración del territorio, por lo que no entendemos qué necesidad hay de introducir incertidumbres en un sector que funciona bien y que no ha generado ningún tipo de problemas durante la crisis financiera”, subraya el sindicato. Además, “estas entidades son determinantes en la evolución económica de los pequeños núcleos y de las personas del mundo rural, con lo que evita el fenómeno de la exclusión financiera de los más débiles”.