El Consejo de Ministros dará  este viernes el visto bueno a dos proyectos de ley para mejorar la financiación de las pymes y para regular las entidades de capital riesgo-pyme, destinado a promover la financiación mediante instrumentos de capital y deuda de las empresas en sus primeras etapas de desarrollo y expansión.

Así lo indicó la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, durante su intervención en un curso de verano de la Universidad Complutense de Madrid. El pasado mes de febrero el Gobierno ya aprobó los dos anteproyectos.

La nueva regulación sobre financiación a pymes que aprobará este viernes el Gobierno establece que los bancos tendrán que dar un preaviso de «al menos» tres meses a las pymes a las que pretendan recortar su financiación en más de un tercio. Además, la banca deberá proporcionar a las empresas de forma gratuita un historial financiero.

El proyecto de ley incluye también una mejora del funcionamiento de las Sociedades de Garantía Recíproca, un régimen jurídico específico para los establecimientos financieros de crédito, una mejora de la regulación de las titulaciones en España, así como la potenciación del funcionamiento del Mercado Alternativo Bursátil (MAB).

Con el fin de mejorar la financiación alternativa a la banca, el Gobierno también mejora el régimen de emisión de obligaciones y fija una regulación para el funcionamiento del sistema del ‘crowdfunding’.

En este sentido, se persigue impulsar una nueva herramienta de financiación directa de proyectos empresariales en sus fases iniciales, además de proteger a los inversores. Por ello, se fijan límites por inversor tanto por proyecto (3.000 euros) como por plataforma (6.000 euros por año).

Capital riesgo-pyme

Por su parte, el proyecto de ley de regulación de empresas de capital riesgo-pyme contempla que este tipo de entidades invertirán al menos un 70% de su patrimonio en pymes, además de participar en la gestión y aportar asesoramiento. Se beneficiarán de un régimen financiero más flexible que el de las entidades de capital riesgo tradicionales.

Además, el Gobierno agiliza y reduce las cargas administrativas en el régimen de entidades de capital riesgo, que ya no quedarán sometidas a un régimen de autorización sino de un simple registro ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).