Despues de marear la perdiz, por fin, el Gobierno ha dado luz verde al Sistema de Información y la Base de Datos Única de la Garantía Juvenil. Solo falta que se ponga manos a la obra e inicie el Plan de Empleo Juvenil. Pese a su urgencia y a que cuenta con la financiación europea ha tardado más de un año en aprobarlo. Nuestro Ejecutivo tenía hasta junio para presentarlo. Solo se ha pasado en cuatro días, más lo que tarde a partir de ahora en implementarlo.

Parece que ese más de 55% de paro juvenil no les preocupaba mucho. Y, casualmente -las casualidades no existen- coincide con la irrupción en el plano político de fuerzas como Podemos, en gran parte sustentada por el voto juvenil.

Claro que de las arcas del Estado poco va a salir, ya que las bonificaciones prometidas a quienes contraten a los jóvenes, así como los programas que incluyan formación y ocupación en las empresas basarán sus aportaciones en el dinero que nos llegue de la Unión Europea, donde desde hace más de dos años han estado lanzando mensajes para que se haga algo con la gran cantidad de jóvenes sin empleo en nuestro país.

Está por ver cómo el Gobierno piensa complir el compromiso de garantizar que todos los jóvenes menores de 25 años reciban una oferta de empleo, educación continua, formación para el empleo o periodo de práctricas, en un plazo de cuatro meses tras acabar la educación formal o quedar en el desempleo. ¿Quién va a supervisar que se cumple? ¿Cómo va a controlar Europa que su dinero llega al destino indicado?

Por delante hay seis años, desde ahora hasta 2020, para repartir de forma efectiva y eficaz los 2.824 millones euros que nos han asignado entre los 858.000 jóvenes a los que va dirigido el plan. En Europa nos han hecho hasta las cuentas para que no haya lugar a confusión ni equivocaciones. Además de decirnos que del total, 1.887 millones se deben concentrar en los dos primeros años (2014-2015). Según la calculadora europea esto supone que se deberán destinar 2.200 euros por joven en los dos primeros años, y 1.100 euros por persona y año.

A partir de ahora, el Gobierno tendrá que poner la carne en el asador y desarrollar de forma progresiva el Plan de Empleo Juvenil a aquellos jóvenes que lo soliciten, además de aplicar las medidas a los beneficiaros de la Garantía Juvenil que lo soliciten y el lanzamiento de programas de aprendizaje mutuo.

Este plan va destinado a menores de 25 años, colectivo cuya tasa de paro supera el 61%. El problema es que el Gobierno lo quiere dirigir a su Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven que, casualmente, se apoya en la reforma laboral aprobada por en 2012. Dicha reforma está teniendo demasiados efectos negativos sobre el empleo y la calidad del mismo, con bajos salarios y demasiada flexiblidad en manos de los empresarios, a los que se les va a bonificar por crear empleo barato.

Habrá de que dar un margen para ver qué efectos tiene el Plan de Empleo Juvenil. ¿Servirá para recuperar la generación perdida a que la crisis les ha condenado? Se me antoja a bote pronto -aún no he leído la letra pequeña- que el sistema aprobado por el Gobierno también debería incluir el compromiso de los empresarios a contratar a esos jóvenes por cuyos programas de formación y ocupación serán bonificados. Más que nada para que no se tire el dinero y sirva para realmente crear empleo.

Tal vez se trate del primer paso, aunque el Gobierno no puede olvidar -aunque no se lo reclame la Unión Europea o el FMI- de otra generación que también empieza a caer en el olvido como es el colectivo de parados de larga duración, cuya tasa de paro está a punto de alcanzar el 60%, de los que el 36,4% de ellos superan los 45 años.